Corte Suprema en desacuerdo con ley que penaliza a jueces: Norma no incluyó postura del PJ
En diálogo con Exitosa, el jefe del Observatorio Judicial de la Corte Suprema, Renato Alí Núñez, indicó que la ley que sanciona a jueces y fiscales fue publicada sin tomar en cuenta la postura del Poder Judicial.
¿Por qué se debió tomar en cuenta la postura del PJ?
En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el jefe del Observatorio Judicial de la Corte Suprema, expresó su rechazo a cómo se procedió la publicación de la Ley 32182 por parte del Gobierno.
"Cómo han determinado los parámetros, solamente han dado la ley y posteriormente verán cómo se reglamentará, cómo se dará. Pero lamentablemente, no han tomado en cuenta las posiciones doctrinarias, jurisprudenciales de ambos lados. Lamentablemente, estas posiciones políticas que influencian a los legisladores para emitir sus modificaciones pueden tener algunos abogados a favor y otros en contras", declaró.
El miembro del Poder Judicial cuenta que se necesita de la opinión que la entidad representa para una mejor manera de entender todo lo que trae la aplicación de una ley, y porqué no se debe tener en consideración todas las posturas.
"El presidente del Poder Judicial ha dicho que se tenga la necesidad de actuar con control difuso. Que es una facultad constitucional que tienen los jueces para no aplicar alguna ley que consideren que esté fuera del régimen constitucional al cual nosotros nos encontramos, es como una medida de protección", añadió.
Renato Alí concluye que la opinión del Poder Judicial con respecto a la publicación de leyes permite tener un panorama más amplio sobre lo que podría cambiar una ley de tanto peso como la expuesta.
Lo que expone la Ley N°32182
La Ley 32182, la cual modifica la Ley de la Carrera Fiscal, Ley de la Carrera Judicial y el Código Penal, busca sancionar fiscales y jueces que ordenen la libertas de detenidos en flagrancia. La cual significaría una pena de cárcel que ronda entre los 8 y 12 años.
Esto implica igualmente varias opciones para que los fiscales no dispongan la libertad de personas bajo arresto por cometer delitos cuya pena privativa en mayor de cinco años. Los detenidos en flagrancia deben ser igualmente retenidos. Facilitar o proporcionar información obtenida en el puesto de fiscal se considera una falta muy grave.
Es así como el miembro del Poder Judicial, Renato Alí Núñez, considera que la publicación de la ley que penaliza jueces y fiscales debió tomar en cuenta la postura del PJ.