Caso Lava Jato: Poder Judicial aprueba acuerdo de colaboración eficaz con empresa Aenza, ex Graña y Montero
Importante avance en la investigación del caso Lava Jato. El Poder Judicial aprobó un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Aenza, antes conocida como Graña y Montero, para establecer un convenio que permitirá a la justicia obtener valiosa información y testimonios que fortalecen las investigaciones de nueve procesos penales.
En diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Silvana Carrión brindó detalles acerca de este acuerdo y cómo están evolucionando la investigación. Informó en primera instancia que Aenza está brindando información de sí misma y de otras empresas colaboradoras a cambio de beneficios en el pago de reparación civil.
"El acuerdo de colaboración civil representa una reducción en el pago, pero además se compromete en los arbitrajes del Estado", comentó Carrión.
Cargos por los que se les investiga
Aenza tuvo que declarar ante el CIADI por el caso de la Carretera IIRSA Norte, Gaseoducto Sur Peruano, la Línea 1 del Metro de Lima, la Carretera IIRSA Sur, las Redes Viales 1 y 3 de Cusco y la concesón de la Vía Expresa Sur. Esta última sufrió el término de su contrato de forma inmediata por la Municipalidad de Lima.
"Básicamente consiste en un acuerdo que trae montos de reparación civil que debe pagar la compañía al Estado, y otros mil millones de soles que representan arbitrajes y controversias que el Estado debió liquidar", precisó Silvana Carrión ante nuestro medio.
La procuradora, asimismo, mencionó que Aenza debe pagar 480 millones de soles como empresa, pero tanto José Graña como Hernando Graña deberán pagar montos adicionales, los cuales corresponden a 40 millones y 20 millones de soles respectivamente.
La investigación y sanciones temporales
Para el caso de Aenza, Carrión comentó que existe la Ley 30737, que contempla fórmulas matemáticas para la reparación civil en hechos de corrupción. Con esta misma el Poder Judicial estableció los montos a pagar por los afectados frente al Estado.
"Aenza tiene restricción por efectos del acuerdo, además de una prohibición de dos años en los que no pueden participar en ningún concurso con el Estado. Los ejecutivos de la compañía fueron separados y ya cambiaron todo su directorio", comentó Carrión.
Un acuerdo se está estableciendo en la creación de un fideicomiso para garantizar que se realice el pago de la reparación civil en 12 cuotas, y será administrado por Cofide. Asimismo, Aenza está bloqueada de realizar procesos arbitrales, judiciales y administrativos con el Estado.
La procuradora del caso Lava Jato Silvana Carrión comentó para Exitosa algunos detalles acerca del nuevo acuerdo de colaboración eficaz entre la empresa Aenza y el Poder Judicial.