Poder Judicial sienta precedente al dictar medidas de protección en caso de violencia escolar en Loreto
El Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Justicia de Loreto, marcó un precedente en la lucha contra la violencia escolar al admitir una denuncia por presunta infracción a la ley penal cometida por un estudiante de 12 años en agravio de su compañera de aula de la misma edad.
Intervención preventiva
Según las autoridades, los hechos denunciados están relacionados con actos libidinosos o de connotación sexual ocurridos dentro de una institución educativa de la región.
El caso, que ya se encuentra judicializado, ha sido remitido a la Fiscalía para que esta entidad, conforme a sus competencias, inicie la investigación penal correspondiente.
El objetivo es determinar la responsabilidad del adolescente denunciado y, de ser el caso, impulsar la emisión de una sentencia por parte del Poder Judicial.
Medidas de protección dictadas por el Poder Judicial
Durante el curso de las diligencias, el órgano jurisdiccional ha establecido medidas de protección inmediatas para salvaguardar la integridad física y psicológica de la agraviada.
Entre estas medidas se incluye el resguardo policial a través de rondas y patrullajes en las inmediaciones de la institución educativa, con coordinación directa entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las autoridades escolares para prevenir cualquier incidente.
Asimismo, se ha ordenado un abordaje integral de la víctima, incluyendo tratamiento psicológico proporcionado por el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de la localidad.
Estas acciones buscan garantizar un acompañamiento adecuado a la menor afectada mientras se desarrollan las investigaciones, estableciendo medidas preventivas para proteger a la víctima mientras se desarrolla la investigación
Defensa de los derechos de la agraviada
En su resolución, el juez encargado del caso destacó que las medidas dictadas tienen un carácter preventivo y están destinadas a proteger provisionalmente a la menor.
Subrayó también que corresponde a la Fiscalía ejecutar de manera oportuna la etapa de investigación, asegurando el debido proceso y la emisión de una eventual sentencia en caso de confirmarse los hechos denunciados.
El Poder Judicial reafirma su compromiso con la protección de los derechos de los menores y el funcionamiento efectivo de los canales de justicia ante casos de violencia escolar.
Este caso representa un avance significativo en la atención de las modalidades más graves de este problema social, garantizando la seguridad y el bienestar de la víctima mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.