Exjefe de la IX Macropol critica al Ejecutivo ante inacción frente al 'Tren de Aragua'
El exjefe de la IX Macro Región Policial (Macropol) Arequipa, general (r) Enrique Blanco Ridoutt, cuestionó duramente la labor del Ejecutivo en la lucha contra la criminalidad. Esto luego de que se difundieran amenazas de un grupo de ciudadanos venezolanos pertenecientes a la organización criminal transnacional 'El Tren de Aragua' contra comerciantes peruanos.
Para el oficial en situación de retiro, la responsabilidad de que estas bandas sigan operando impunemente en el Perú recae en los ministerios del Interior y de Justicia, cuyos sistemas permiten que el hampa no tenga sanciones drásticas. Además de los titulares de estas carteras (Vicente Romero y Eduardo Arana) desconocen la situación de la criminalidad.
"El Ministerio del Interior ha demostrado corrupción y burocracia. La gente que trabaja ahí va a pasar la vida (...) Las bandas criminales hacen lo que les da la gana porque hay un retardo de justicia. Primero porque el ministro de Justicia (Eduardo Arana Ysa) debe preveer la construcción de una cárcel para que no haya hacinamiento y otras estrategias", declaró a Exitosa.
De otro lado, sostiene que a la deficiente labor de los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se le adhiere la falta de condenas que no emite el Poder Judicial por falta de pruebas del Ministerio Público en las audiencias.
"Que el ministro del Interior (Vicente Romero) vaya donde la fiscal de la Nación (Patricia Benavides) para decirle que termine con el conducto regular de las investigaciones preliminares y todas tonterías para que la Policía investigue. Que investiga el Ministerio Público, con esa estupidez hacen lo que les da la gana", prosiguió.
Enrique Blanco Ridoutt cree que la solución para erradicar la delincuencia pasa por el restablecimiento de la Superintendencia de Migraciones, cuyos operadores deberían trabajar en coordinación con la Policía Internacional (Interpol), a fin de registrar y empadronar a los extranjeros que ingresen al país.
Además, indica que los foráneos ilegales deberían ser expulsados y sin opción de poder retornar al Perú. Para ello, debería existir una modificación en el sistema de justicia peruano. Finalmente, añade que el Ejecutivo debería invertir en la construcción de nuevos penales que garanticen que se cumplan las sentencias.