08/08/2019 / Exitosa Noticias / Edic. impresa / Actualizado al 09/01/2023
Con el argumento que existe peligro de fuga por el proceso penal que tiene en su contra, el Ministerio Público solicitó ayer un mes de prisión preventiva contra el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya. La autoridad es acusada por los disturbios registrados en 2011, durante el denominado 'Aymarazo'.
El fiscal Juan Monzón Mamani, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, realizó el requerimiento ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia. El documento que presentó el letrado apunta a revocar la orden de comparecencia restringida que tiene a la fecha por la de prisión preventiva.
Para la Fiscalía, Aduviri incumplió varias medidas restrictivas dictadas en su contra y citaron como ejemplo el haber viajado en reiteradas ocasiones a otros departamentos, sin solicitar el permiso que corresponde. Incluso estuvo en Bolivia para asistir a una reunión con el presidente de ese país, Evo Morales.
Otras falencias utilizadas como sustento están relacionadas a sus constantes inasistencias a la comparecencia obligatoria ante el despacho judicial, en los primeros días de cada mes, y no contar con registro biométrico. Asimismo, recordaro que el gobernador de Puno estuvo nueve meses en la clandestinidad por un proceso anterior.
El recordado 'Aymarazo'
Walter Aduviri es acusado por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en su forma de disturbios, por los hechos acontecidos en 2011. En ese entonces, era presidente de la organización que promovió las protestas contra la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporatión y el proyecto minero Santa Ana.
Las movilizaciones llegaron a un punto álgido el 26 de mayo de ese año, con el saqueo y quema de la sede de Aduanas Puno, una oficina de la Contraloría General de la República y el local de la gobernación. En 2017, Aduviri fue condenado a siete años de prisión, pero un año después la Corte Suprema de Lima anuló la sentencia.
La audiencia que definirá el futuro de la autoridad fue programada para este jueves.
