OPINIÓN | Roberto Rodríguez Rabanal: “Mil cadenas habrá que romper"

El 24 de junio de 1969, el gobierno de Velasco promulgó el D.L. 17716 (Ley de Reforma Agraria) con el objetivo de transformar la estructura de propiedad de la tierra, sustituyendo el latifundio/minifundio por un sistema de redistribución equitativa, desterrando toda forma de explotación como el régimen de servidumbre denominado yanaconaje, afirmando un principio fundamental de justicia social: “todo derecho sobre el producto de la tierra se origina en el trabajo”.

A diferencia del segundo gobierno de Prado (en 1958, el primer ministro Pedro Beltrán solo instaló una comisión, sin resultado alguno), la Junta Militar del Gral. Lindley (en 1963 promulgó la Ley de bases,

pero quedó en el papel) y el primero de Belaunde (en 1964 promulgó la Ley de Reforma Agraria, excluyendo a las grandes propiedades azucareras), Velasco sí pasó del dicho al hecho.

En el balance general de la Reforma Agraria de 1969, a nivel económico hubo un significativo proceso de transferencia de tierras y de incremento del ingreso promedio de los campesinos, aunque en general no hubo un salto cualitativo, dado que las empresas agrarias asociativas de producción no alcanzaron el nivel de productividad y eficacia esperadas, y buena parte de ellas se fueron desintegrando paulatinamente.

Sí produjo un importante cambio en la situación social del campesinado, pasando de la condición de siervos a la de ciudadanos; constituyéndose también en un factor que, años después, impidió el avance de Sendero Luminoso en Puno-Cusco-Cajamarca-Piura y otras regiones, en base a la organización de las bases de las Centrales Campesinas (CCP-CNA), y de las rondas como organismos de autodefensa de larga data.

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Fueron notorios los logros en cuanto a justicia social y afirmación de su identidad cultural, reivindicando el histórico sentido comunitario de su organización, donde las familias tienen un rol relevante; y se manifiesta en cada elección, donde el voto rural es compacto, producto de reuniones de construcción de consensos en los días previos; con un claro mensaje de exigencia de cambios profundos, que aún no se dan.

Ahora resulta esencial que el nuevo gobierno priorice el agro en la agenda nacional. Una iniciativa de CONVEAGRO es la instalación del primer Gabinete de Desarrollo rural, para, en el marco de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, tomar decisiones ejecutivas a favor de dos millones de familias, recuperando los mecanismos de protección y promoción de la producción agropecuaria nacional para lograr la seguridad y soberanía alimentaria; implementando el programa nacional de compras públicas para la Agricultura Familiar, dinamizando la economía rural y asegurar alimento para las poblaciones vulnerables, ollas comunes y comedores populares, así como la instalación de una banca de fomento y desarrollo; industrializando el campo, desarrollando mercado y asegurando la atención inmediata por la crisis alimentaria que sufrimos.

Mil cadenas habrá que romper para beneficiar a las zonas rurales. Es una deuda histórica que debemos cumplir.

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