OPINIÓN | Mario Amoretti: El futuro que pretende Perú Libre para los peruanos
Hasta la fecha no hay respuesta precisa de la pareja presidencial, respecto a la copia de sus tesis para la obtención del grado de Magíster, solamente un comunicado incongruente. La Fiscalía de Tacabamba ha dispuesto abrir investigación, ante la sospecha de los delitos de plagio, cobro indebido y falsedad genérica.
Consideramos, para esclarecer los hechos: debe solicitar a la UCV envíen información de la fecha en que Pedro Castillo y su esposa iniciaron el trámite, baucher de pago, conocimiento de un idioma extranjero, el título de su tesis y le nombren un asesor. Posteriormente, cuando adjunta ejemplar de su tesis, solicite que un profesor emita informe sobre el contenido de la tesis; después que la UCV recibe dicho informe, convoca día y hora para la sustentación de su tesis, se elabora un acta firmada por los integrantes del jurado y la nota que le han colocado como resultado de su exposición oral.
Además, para corroborar si existe plagio, se dispone una comparación de lo supuestamente copiado, con lo expuesto por otros autores y otras diligencias que considere pertinente. El Congreso de la República, en estricta aplicación de la Constitución, dispuso el archivo del proyecto presentado por el Ejecutivo para llevar a cabo una Asamblea Constituyente; sin embargo, es preocupante lo que sostiene el máximo líder de Perú Libre, que el “pueblo” va a responder con acciones “no pacíficas” ante la resuelto por el Congreso, es decir, con hechos violento y hasta delictivos.
Pero, habría que conocer las reglas de conducta señaladas contra dicha persona, al dictarse una sentencia concomprendicional, pues estaríamos frente a una incitación o instigación delictiva y, de ser así, el fiscal podrá solicitar la revocatoria de la condicionalidad de la pena y hacerla efectiva.
Además, resulta muy sintomático que haya interpuesto un proceso constitucional de hábeas corpus, contra magistrados supremos, para tratar de conseguir se anule su sentencia, que solamente procede, cuando se han vulnerado derechos constitucionales y no para revaloración de las pruebas. Asimismo, manifiesta que son gobierno, pero les falta el control de las Fuerzas Armadas, policiales, clero y administración de justicia.
Ya hemos visto cómo han actuado con los primeros y cómo pretenden que el pueblo “elija” a fiscales y jueces, para conseguir sus objetivos de impunidad, para sentenciados o investigados por corrupción o terrorismo.
Incremento de la delincuencia, en gran parte originado porque este gobierno ha enviado a sus casas a policía y militares capacitados profesional y moralmente, para colocar en su reemplazo a quienes no tienen tales méritos, dando lugar a que estos delictivos se incrementen y la sociedad esté a merced de criminales; y, si a ello le agregamos una “mala actuación” de algunos fiscales que no reparan en otorgar a libertad a avezados delincuentes, a sabiendas que nos les pasa nada, al menos con Junta Nacional de Justicia.
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