OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: Nueva fiscal de la Nación
La doctora Liz Patricia Benavides Vargas es desde ayer la nueva fiscal de la Nación y las primeras reacciones sobre su designación fueron sobre la actuación que cumplirá con la investigación que su antecesor, Pablo Sánchez, abrió al presidente Pedro Castillo por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. Ese será el principal reto que asumirá más allá de las funciones que le corresponden como titular del Ministerio Público.
Su elección ha sido saludada por legisladores y hombres de leyes, como el exfiscal anticorrupción Pedro Angulo, por su experiencia como fiscal suprema adjunta que ha trabajado con varios fiscales de la Nación, con especialidad penal y por ello confía en que continuará el mismo trabajo de Pablo Sánchez. Y es lo que espera el país, para que se sepa toda la verdad sobre los cargos de corrupción que se le imputan al mandatario.
Los mismos especialistas han descartado que la doctora Benavides Vargas dé marcha atrás en la investigación porque, más allá de su convicción, tiene que respetar lo ya iniciado por Pablo Sánchez, quien rompió una tradición y en un hecho inédito abrió investigación a un presidente de la República en ejercicio.
Lo que sí sigue en suspenso es lo que hará el presidente Pedro Castillo en adelante, porque a pesar de haber asegurado reiteradamente que se allana a la justicia, incluso tras la declaración que brindó al saliente fiscal de la Nación, su defensa como que no descarta la posibilidad de que se suspenda la investigación fiscal, y aún confía en que el Poder Judicial resuelva a su favor la tutela de derechos que solicitó con ese fin.
Por eso, el fin de semana el abogado Benji Espinoza declaró que de darse una resolución favorable se anula todo lo actuado, incluida la declaración que dio al fiscal Pablo Sánchez. Y de darse lo contrario, dijo que el siguiente paso es la apelación. Anteriormente declaró que recurrirá hasta el Tribunal Constitucional para que el jefe de Estado no sea investigado. Es difícil entender que lo declarado por el letrado sea a título personal sin conocimiento de su cliente, por ello se mantienen dudas por lo dicho por el presidente Castillo, quien asegura que se allana a todas las investigaciones porque de lo que se trata es dar la cara.
Ayer el ministro de Cultura, Alejandro Salas, convertido en uno de los voceros del gobierno, ha declarado que el jefe de Estado es el primer interesado en que se sepa toda la verdad en torno a las denuncias en su contra. Y si es coherente con ello, por la transparencia y el bienestar del país, el presidente Castillo debería dejar de lado todos los recursos que busquen anular la investigación y que siga dando la cara, acudiendo a todas las citaciones.
Ayer, por ejemplo, pidió por razones de agenda postergar la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, a partir del lunes 27 de junio. ¿Fue ese el motivo o acaso está dando tiempo a que se emita a su favor la resolución judicial sobre la tutela de derechos para que ya no se le investigue?
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