11/05/2021 / Exitosa Noticias / Edic. impresa / Actualizado al 09/01/2023
Bastante satisfacción ha causado en la comunidad jurídica y en la opinión pública nacional, la nueva reunión de las autoridades gubernamentales, que conforman el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, cuya convocatoria fue con la finalidad de que los participantes intercambiaran ideas, acerca del presupuesto requerido para la ejecución de las acciones en el periodo 2021-2025.
Es preciso indicar que, mediante Ley 30942, se creó el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia con el objetivo de impulsar su refundición, mediante la formulación de los criterios para la elaboración de la política nacional y la coordinación para la ejecución de políticas públicas de justicia.
Además, su finalidad es realizar un seguimiento, control, implementación y ejecución de los respectivos procesos de reforma en todo el sistema de justicia.
Este Consejo, que se sabe poco de él, se encuentra conformado por el presidente de la República, el presidente de Congreso, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo, respectivamente.
En una oportunidad, existieron cuestionamientos del propio presidente del Tribunal Constitucional de ese entonces, Dr. Ernesto Blume, quien oficializó la presentación, ante la Oficialía Mayor del Congreso de la República, la derogación del Art. 2, inciso e) y el Art. 6, inc. g) de la Ley 30942 que crea el consejo.
Precisaba que, ante una eventual situación, podría colocar al Tribunal Constitucional en la penosa circunstancia de haber participado en la
elaboración de políticas públicas, de las que derivarían las normas objeto de cuestionamiento, corresponde al Tribunal, al administrar justicia constitucional de su competencia.
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En esta nueva sesión del consejo, fue presidido por el presidente de la República, Francisco Sagasti, y es preciso indicar que el propio expresidente del Poder Judicial, Dr. José Luis Lecaros, cuestionó que sea el propio presidente de la República quien presida esta importante institución de justicia, pues ha indicado que la ley establece que se elige a quien preside el Consejo y se eligió al primer mandatario, y dejó entrever que sea otra autoridad la que presida dicha nueva institución, a fin de darle mayor autonomía.
Entretanto, es necesario generar debate para que exista una agenda judicial, que marque la pauta para que se implementen algunas reformas dentro del aparato de impartición de justicia y ello parte por la asignación dentro del Programa Estratégico Institucional de cada entidad, que se le asigne de un adecuado presupuesto para la ejecución de los bienes y servicios públicos.
Por lo pronto, las propuestas son bastante interesantes y esperamos se genere un debate público en diferentes foros académicos y posteriormente sean mejoradas y acogidas por las autoridades y así se optimice la impartición de justicia, pues urge implementar una verdadera política pública de justicia, que le cambie el rostro y todo el cuerpo a la dama de justicia.
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