OPINIÓN | Carlos Jaico: ¿Quién protege al denunciante de actos ilícitos?
Funcionarios son testigos de actos ilícitos cometidos por sus jefes, colegas o por ambos en una trama conjunta de corrupción. Por su formación y sentido ético, querrá hacer la denuncia correspondiente, pero comprobará que el canal de denuncia es poco fiable. Ahora, si le habla a su jefe -que podría también estar comprometido en la corrupción- su destino estará sellado. Las amenazas y acoso no se harán esperar. Las denuncias falsas para amedrentarlo vendrán también para acallar su voz.
En paralelo, será invitado a renunciar marcando el fin de su carrera profesional. Cabe recordar que, en la gestión pública peruana los valores morales parecen estar invertidos. Así, el denunciante de un acto ilícito no será considerado como honesto o leal a su institución. Por el contrario, como en las mejores organizaciones criminales, se le aconsejará el silencio sin más.
A esta situación se suma la inacción de los órganos de control interno (OCI). Ellos son quienes deberían velar, dentro de nuestras instituciones, por el cumplimiento del Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Reglamento de Organización y funciones (ROF). Sin embargo, la violación reiterada de esta legislación, así como el descubrimiento de casos de corrupción, salen a la luz sin que dichos órganos hayan visto o escuchado algo. Precisamente, el tener sus oficinas dentro de la institución ha sido en la idea de que ejerzan allí, y en tiempo oportuno, las debidas acciones de control.
Tomemos el ejemplo del presidente de la República que permita la existencia de cadenas informales de mando y de toma de decisiones, dejando de lado a sus ministros. Nada más peligroso que eso debido a la aparición de islas de empoderamiento fáctico, sin respeto a la organicidad, provocando la usurpación de funciones. Desde el momento en que se permite que mandos medios y sin responsabilidad actúen a su antojo, dejando de lado a quienes tienen la jerarquía en la estructura organizacional, la consecuencia es la anarquía del Estado. Son estos los espacios para la corrupción y que OCI debería identificar y controlar de oficio.
De donde, la dificultad para el denunciante será mayor al no poder recurrir a jefes o colegas inmersos en componendas y actos de corrupción. Pero tampoco lo hará a OCI debido a la dificultad de encontrar allí una escucha atenta y apropiada a su denuncia.
Sin duda, los sistemas de control deben apoyar al denunciante de actos ilícitos, para que la lucha contra la corrupción sea un hecho y no un mero slogan electoral.
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