OPINIÓN | Ántero Flores-Aráoz: Verborrea

Por Ántero Flores-Aráoz / Expresidente del Congreso de la República.

Más palabras y menos comprensión, es lo que sucede hoy día con las normas legales de todos los niveles, se trate de leyes como de regla­mentos, resoluciones ministeriales, ordenanzas regionales y muni­cipales, y en general, de cuanta norma emite el Estado. Esto significa que cuanto más extensa es la norma, menos se entiende por quienes tienen obli­gación de conocerla y cumplirla.

La mencionada costumbre de escribir mucho y decir poco, es de antigua data, pero le hace mucho daño al sistema jurídico nacional, el cual quiere menos pa­labras y más comprensión.

La malsana práctica mencionada anteriormente, utilizada tanto por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, así como los gobiernos regionales y municipales, también se da en los órganos que administran justicia, pero no solo en el Tribu­nal Constitucional y la judicatura ordinaria como la militar, sino también en los laudos arbitrales y en organismos administrativos que tienen por obligación resolver conflictos, como es el caso de INDECOPI y muchos otros entes que solu­cionan diferendos o aplican sanciones de carácter administrativo.

En las resoluciones que son emitidas por organismos que imparten justicia, la cosa se agrava, pues encima de escribir en demasía, muchas veces emplean latinajos que no muchos entienden, que lejos de aclarar el sentido de las resolu­ciones, pues lo complican.

Uno de los principios de una buena administración, incluida la de la justicia, es el de la implicidad, hacer que hasta los temas complicados parezcan sim­ples en pro de su comprensión o entendimiento por todos, y no solamente por los más versados. Se legisla y se norma para todos, y no caemos en la modita de decir para todos y para todas, por ser absolutamente innecesario, como tan­tas frases estériles o superfluas incorporadas en la normativa y en el lenguaje jurisdiccional.

La responsabilidad por los excesos en el diseño normativo y de resoluciones de los organismos que imparten justicia, a nuestro criterio es compartida por los encargados de la redacción al igual que quienes suscriben los documen­tos. Los primeros por no ser precisos y simples y, los segundos por firmar lo que les preparan los primeros, sin ponerse en los zapatos de las personas a quienes van dirigidas las disposiciones legales y los fallos de los administra­dores de la justicia.

No deberíamos olvidar algunos refranes como el que “a buen entendedor po­cas palabras”, o “el que mucho abarca poco aprieta”, lo que podría ayudar a no redactar kilométricas disposiciones y sentencias, incomprensibles además de soporíferas.

Ojalá que las organizaciones no gubernamentales y prensa, que en ocasiones ponen nota a las autoridades, consideren entre los deméritos de aquellas, sus ex­cesos normativos, poca claridad en los mismos, repeticiones antojadizas y hacer complejo lo que de suyo es sencillo.

A todas las autoridades les invocamos a ponerse del otro lado del mostrador, para entendernos a los administrados que tenemos que soportar a diario la lec­tura de normas incomprensibles, cuando no difusas o irrelevantes. Por favor, apiádense de los pobres ciudadanos.