OPINIÓN | Ántero Flores-Aráoz: Falacias sobre el TC

Por Ántero Flores-Aráoz / expresidente del Congreso de la República.

El Tribunal Constitucional (TC) es el órgano jurisdiccional del control de la constitucionali­dad, y entre otras funciones tiene la de declarar inconstitucio­nalidad de normas legales que co­lisionan con la Ley de Leyes y, como consecuencia, expulsarlas del orde­namiento legal.

Como vemos el TC es importantísimo, está integrado por siete magistrados con mandato improrrogable de cinco años, quienes deben permanecer en sus puestos hasta que el Congreso de­signe a sus reemplazantes.

En junio pasado venció el período de seis de los siete magistrados del TC y desde noviembre del año pasado, su presidente, lo anticipó al Congreso de la República para que inicie el proce­so de reemplazo.

El Presidente de la República, proba­blemente para maquillar el revés que le significó el rechazo por el Con­greso a su pretensión de recorte de su mandato y el de los congresistas, ha cuestionado el proceso de designación de nuevos magistrados del TC por el Parlamento y, le plantea modificar el sistema de selección, bajo amenaza de cuestión de confianza con las supuestas implicancias en caso de su rechazo.

Ahora bien, motiva esta columna desvirtuar las falacias que se vienen exponiendo respecto al procedimiento de recambio del TC iniciado en el Congreso, como por ejemplo las siguientes:

Se dice que la elección de los magistrados constitucionales es fruto de repartija. Por lo menos en la actualidad no hay repartija alguna sino bús­queda de consenso para nombrar a los más idóneos, tanto es así que la Constitución exige por lo menos los votos favorables de 87 de los 130 par­lamentarios, lo que no es nada fácil.

Se cuestiona la rapidez del proceso, olvidando que lo que hay es retraso al haber vencido los mandatos.

Se expresa que algunos de los que podrían nombrarse habrían tenido vinculaciones políticas. De ser cierto, ello no los invalida, tan es así que he­mos tenido excelentes magistrados constitucionales que antes de su de­signación participaron en actividad política y eso no los hizo parcializarse ni dejar de lado su integridad moral y profesional. Como ejemplo tuvimos a Javier Alva Orlandini, Juan Bautista Bardelli, Víctor García Toma, Magdiel Gonzáles, Fernando Calle, Ernesto Ál­varez, Oscar Urviola y Ernesto Blume.

Más aun, en otros países respetuo­sos del orden jurídico como los Esta­dos Unidos de América, han tenido integrantes de su Suprema Corte pro­venientes de la política, como John Marshall que fuera parlamentario y Secretario de Estado y, Earl Warren, este último Gobernador y candidato a la Vice Presidencia de su país.

Quienes han estado en actividad política no deben ser discriminados ni excluidos por ello, ni menos tratados como el patito feo. Cuando se ejerce la actividad política con decencia y patriotismo, ello es encomia­ble y meritorio.

Se refiere que el procedimiento de selección no es adecuado, empero es el que la ley señala y mientras no exista alguna norma que lo cambie hacia el futuro, debe cumplirse.

Los cuestionamientos generalizados a los invitados a participar en el proceso de selección, los agravian sin razón alguna y atentan contra su bien ganado prestigio. ¡Vergonzozo!