OPINIÓN | Antero Flores-Aráoz: "Estado bobo y aletargado"
De hace un buen tiempo a esta parte, venimos observando gran conflictividad social, sobre todo en el interior del país donde existe gran y floreciente actividad minera, en que los pobladores comuneros pretenden que las empresas mineras les den el oro y el moro. Cuando ello no se da, pues las mineras no tienen la vocación de Sor Teresa de Calcuta, llevan sus pretensiones y reclamos a la violencia, incendiando campamentos, destrozando maquinaria y equipos, dañando camiones y demás vehículos, y cuantos otros bienes estén al alcance, no solo de sus ojos, sino de torvos propósitos.
Lo que hacen los antisociales es francamente suicida, pues las empresas mineras dan trabajo adecuadamente remunerado a los pobladores de las localidades donde se encuentran sus desarrollos, pero no solamente trabajo directo sino también indirecto, pues consumen bienes producidos en sus regiones y contratan diversidad de servicios prestados por los lugareños. Adicionalmente pagan los impuestos que les corresponden, en las más altas tasas y con esos impuestos se solventan los servicios educativos y de salud, se pagan sueldos a maestros, policías, médicos y enfermeras, se construyen y mantienen carreteras y puentes, entre tantas otras obras públicas.
Como sabemos, la inversión es muy sensible y el principal elemento para que los inversores usen sus capitales es la confianza y, solo la hay si los ciudadanos son respetuosos de la normatividad legal y de la propiedad tanto pública como privada. Si, por el contrario, se destruyen los bienes de los inversores, dejan de invertir y se van a otros países donde son bien recibidos.
¿Quién gana con lo expuesto? Los países que dan la bienvenida y acogen amigablemente a los inversionistas. ¿Quién pierde? Simple y llanamente los trabajadores de las mineras que dejan de operar y las poblaciones que les comercializaban bienes y servicios, y es por ello que calificábamos como suicidio social, dañar las instalaciones mineras.
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Pero debemos agregar que hay algo que causa desazón, diríamos que hasta indignación y ello es la ausencia del Estado para poner orden. No es posible que estén cantados los actos de violencia que vendrán y el Estado esté paralizado y, cuando hay un Estado en tal situación, es un Estado bobo que no sirve a la ciudadanía.
El Estado tiene la obligación de respetar y hacer respetar las leyes, garantizar y preservar los bienes públicos y los privados, al igual que la paz social y entender que es función policial, de acuerdo a la Constitución, mantener el orden público y, en caso de afectación recuperarlo, para lo que incluso puede disponerse del apoyo de las Fuerzas Armadas.
Los fiscales de prevención del delito, ausentes y aletargados, la Defensoría del Pueblo mirando las musarañas y no quisiéramos seguir relatando la triste realidad para no incordiar a las demás autoridades que parecería ser están de vacaciones perpetuas, pero pagadas.
Se reclama a las empresas responsabilidad social, pues bien, ellas y con razón reclaman el cumplimiento de la Ley. El Estado bobo no sirve.
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