Fiscalía exhorta a la MPA no titular en zonas de riesgo
La Fiscalía de Prevención del Delito envió hace 15 días una misiva a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) exhortando a cumplir con las leyes que prohíben legalizar las zonas de riesgo no mitigables.
La fiscal Esther de Amat señaló que existe una preocupación ante las declaraciones del gobernador Elmer Cáceres Llica de sanear terrenos en convenio con la MPA.
Justamente a partir de febrero, en la comuna provincial, se desarrollan mesas de trabajo con asociaciones de vivienda, Asociación Parque Industrial Porvenir Arequipa (Apipa), Coordinadora Político Social y Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA) para el proceso de formalización.
De Amat recordó en esta carta que la función de las autoridades es planificar la ciudad y garantizar una vivienda digna a la población, que esté fuera de las zonas de riesgo, y que tengan los servicios básicos con accesibilidad a la zona.
Indicó que las invasiones no solo generan riesgo al poblador que habita estas zonas, sino que existen otros problemas ilícitos, como usurpación, lavado de activos, entre otros.
En el 2017, el Congreso mediante la Ley N° 30645 decidió prohibir el otorgamiento de títulos y dotación de servicios públicos en las zonas que se encuentren en riesgo no mitigable.
La fiscal pidió ser parte de estas mesas de trabajo, además solicitó la presencia del Instituto Municipal de Planeamiento (Impla) en las reuniones.
Esta misma exhortación la envió a la Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa.
Comuna crea sistema
El asesor de Alcaldía, José Lombardi, indicó que están elaborando un sistema de estudios de riesgo que permita esclarecer los procedimientos del levantamiento de observaciones de asociaciones que ocupan zonas de riesgo, que estará a cargo de la Subgerencia de Defensa Civil.
En la actualidad el Impla verifica 18 expedientes sobre mitigación de zonas de riesgo para que puedan ser incluidos dentro del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), previa aprobación del concejo provincial. Hasta el 2018 se conocía más de 200 asociaciones de vivienda asentadas en estas zonas prohibidas