Defensoría pide limpieza de candidatos por violencia familiar
A cuatro días de hacerse pública la existencia de una denuncia por violencia familiar contra el exmilitante del Partido Morado, Daniel Mora, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló que la justicia electoral debe resolver este caso y otros de similar naturaleza tomando en cuenta lo que establece la Constitución, los instrumentos internacionales sobre derechos de la mujer y las sentencias del Tribunal Constitucional (TC).
Walter Gutiérrez considera inadmisible que por principio de jerarquía normativa se favorezca la participación electoral de personas con cargos de violencia familiar, aplicando únicamente normas de rango reglamentario o legal, señaló en un comunicado.
“Se requiere en este caso resolver aplicando preceptos constitucionales y convencionales”, afirmó el defensor del Pueblo.
Hace énfasis en que la responsabilidad de todo funcionario e instancia jurisdiccional es combatir toda forma de violencia hacia la mujer, en estricta consonancia con tratados internacionales que el Perú ha suscrito contra este flagelo y las sentencias del Tribunal Constitucional (TC), sobre la materia.
Respecto a los acuerdos internacionales, citó a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer (Convención Belem do Pará), que obliga al Estado en su conjunto a tomar acciones concretas en esta materia, lo cual incluye en forma ineludible a la justicia electoral en todas sus instancias.
En el plano nacional, precisa que el TC ha sostenido en reiteradas jurisprudencias que el combate contra la violencia hacia la mujer es una obligación de todo el Estado, incluido el sistema de justicia, “el actor probablemente más importante en la ejecución de la política pública de lucha contra la violencia de género”. Combate del que no puede estar sustraída la justicia lectoral, remarcó Gutiérrez.
Línea jurisprudencial
Walter Gutiérrez aseguró que tras conocerse la denuncia de Daniel Mora por agresión a su esposa en marzo 2019 es una clara oportunidad para que la justicia electoral establezca una línea jurisprudencial de rechazo a toda forma de violencia contra la mujer, estableciendo que quien incurrió en estas acciones no puede tener oportunidad de acceso a la función pública por elección.
Sostiene que al hacerlo significaría una correcta interpretación y aplicación de los tratados internacionales, de la Constitución y de las sentencias del TC.