COVID-19 | Se estima que situación jurídica de Martín Vizcarra y exministras podría resolverse en 90 días
El vocero de la Fiscalía de la Nación, Víctor Cubas, estimó que la situación jurídica del exmandatario Martín Vizcarra, la exministra de Salud Pilar Mazzetti y la excanciller Elizabeth Astete, quienes se aplicaron la vacuna contra el Covid-19 de manera irregular, se resolvería en un plazo de 90 días como máximo.
Cabe señalar que, la Fiscalía al revelarse la lista de vacunación otorgada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), donde figuran algunos funcionarios públicos, inició la investigación preliminar inmediata en contra de dichos servidores, que se vacunaron a espaldas de la población peruana.
El miembro de la Fiscalía de la Nación, Cubas, manifestó que esta institución trata los casos de funcionarios con altos cargos y es la encargada de indagar el proceso de vacunación, tal como la negociación y acuerdo al adquirir la vacuna de Sinopharm. Además, explica que si se encuentran indicios razonables de la comisión de un delito, el próximo paso es presentar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República.
En esa línea, agregó que al ser presentada una denuncia constitucional el caso pasa a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego a la Comisión Permanente. De esta manera, la denuncia pasa por una evaluación, sí es aprobada, los integrantes del pleno decidirán si se aprueba el informe final que a los funcionarios de cometer actos ilícitos. Luego, el documento debe ser llevado al despacho de la Fiscalía de la Nación para que formalice la investigación preparatoria y derivará la información al fiscal supremo del caso.
Asimismo, indicó que la investigación preliminar puede durar 60 días, si las investigaciones se agilizan y se presenta la denuncia constitucional contra los servidores del Estado que fueron partícipes de la vacunación secreta.
“Si el Congreso realmente cumpliera su función y abandonara la forma de actuación que ha tenido en el caso del señor (César) Hinostroza, en el caso del señor (Edgar) Alarcón y de los miembros del CNM y se ponen a trabajar realmente con ánimo de sancionar estos graves actos que afectan la vida de la nación, podría estar en un plazo promedio de un mes decidiendo la autorización de procesamiento y se correría traslado al Poder Judicial y la fiscalía para que continúe el trámite procesal”, manifestó.
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