OPINIÓN|Pedro Paredes:Venganza naranja
¿Podemos ser un país desarrollado con la clase política que hoy tenemos? Obviamente que la respuesta es, rotundamente, no. En el Perú, la política se ha visto tan prostituida y distorsionada que hablar de ella es como relatar el pasaje bíblico de Sodoma y Gomorra, donde la inmoralidad hizo de cada rincón social su cuchitril.
Pero no hace falta que caiga fuego del cielo para saber que muchos de nuestros políticos ya se vienen quemando, esparciendo sus cenizas como la peste en tiempos faraónicos, que tiene una carga de letalidad mayor que las aguas de desagüe del aniego en San Juan de Lurigancho, donde muchos han comenzado a lavarse las manos para ocultar sus pecados de corrupción, visibles ante los ojos de santos e impíos.
En ese sentido, la tómbola parlamentaria es el mayor emblema de aquel ocaso de decencia, con la bancada Fuerza Popular como la principal responsable de la ingobernabilidad que se ha venido dando en el país en los últimos 30 meses. Sus integrantes han hecho gala, muchas veces, del calificativo de ser una banda criminal que blinda a sus compinches y destruye a sus opositores. Han decidido guardar las neuronas del buen juicio, para actuar siempre con el impulso de vivir con la sangre en el ojo.
Y esa sangre en el ojo los ha vuelto aún más ciegos frente al sentido común que nunca tuvieron, al impulsar una investigación contra el presidente del país Martín Vizcarra, por haber alquilado las maquinarias de su empresa durante la construcción de la carretera Interoceánica Sur, en un periodo en que él no era funcionario público, olvidando que por esa misma razón justificaron la exclusión de Keiko Fujimori del vergonzoso informe final de la comisión Lava Jato, que investigó todos los nexos y financiamientos sucios de Odebrecht contra exfuncionarios públicos en el Perú.
Pero, claro está, con tal de saciar la sed de venganza que tienen, son capaces de convertirse en hojalatas de resonancia de todos los psicosociales que impulsa el señor del desvalido ego colosal, Alan García, protegido también en el informe Lava Jato, convertido ahora en principal promotor de la acusación contra el jefe de Estado, pese a ser uno de los principales sospechosos de haber recibido cuantiosas sumas de dinero, proveniente de posibles coimas pagadas por la constructora brasileña para incrementar los costos en algunos tramos de la misma interoceánica durante su segundo gobierno, sin contar los 14 millones de dólares por el tramo 2 del Metro de Lima que aún falta conocer al bolsillo de quién fue a parar.