OPINIÓN|Nicolás Lúcar:Cuestión de confianza

Estamos a poco más de dos semanas de que ocurra un hecho trascendente en la historia de la lucha contra la corrupción en el Perú.

En Curitiba, Brasil, el 14 de febrero próximo dos ejecutivos de Odebrecht darán su testimonio sobre la red de corrupción que operó en nuestro país durante las últimas dos décadas. Tras ellos vendrá la declaración de Jorge Barata programada para el mes de marzo.A partir de ese momento, conoceremos todos los detalles de las concertaciones y los pagos de comisiones ilegales realizados en relación a cuatro proyectos de los que Odebrecht fue parte:

-La vía de Evitamiento de la ciudad del Cusco

-La Costa Verde de El Callao

-La Interoceánica del Sur y

-Las líneas 1 y 2 del Tren Eléctrico de Lima.

Los brasileños deberán decir qué funcionarios cobraron y cuánto por favorecer irregularmente los negocios de Odebrecht y el papel de las empresas que participaron de esos consorcios en la red de corrupción.Solo en el caso de la Interoceánica, se sabe que serán implicados los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, así como varios de sus ministros de Estado, congresistas y empresarios encabezados por José Graña Miroquesada.El acuerdo no se limita a proporcionar información sobre estas cuatro obras.

A cambio del beneficio otorgado de no ser procesados por la justicia peruana por los delitos cometidos y de ser tratados como testigos en cada caso, Odebrecht se obliga a proporcionar a la Fiscalía toda la información que esta requiera sobre otros casos, con todas las implicancias que esto suponga incluyendo el pago de reparaciones. De esta manera el Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato podrá requerir la declaración de los ejecutivos de Odebrecht y estos estarán obligados a darla, en las investigaciones del Gasoducto del Sur, la Central Hidroeléctrica de Chaglla, los proyectos Olmos y Chavimochic, la Concesión Rutas de Lima y todas las obras y proyectos en los que la empresa brasileña haya participado o sobre las que pueda aportar información.

La Fiscalía también está habilitada por este acuerdo a requerir toda la información relativa al financiamiento de campañas electorales en el Perú que, según se sabe, no solo incluyó candidaturas presidenciales, sino de gobernadores regionales, alcaldes y de congresistas.Finalmente, la Fiscalía peruana tendrá acceso a las claves de los archivos secretos de Odebrecht donde están registrados todos y cada uno de los pagos ilegales.

Lo que tenemos en las manos es la mayor oportunidad en 200 años de saber la verdad sobre la corrupción que ha corroído el Estado peruano y la oportunidad de castigar a los responsables.El acuerdo por supuesto no es perfecto, pero ha sido construido de tal manera que permite corregir sus limitaciones en el proceso de aplicación del mismo.Que debimos lograr desde un primer momento que se reconocieran delitos en más obras, seguramente.Que pudimos sacar el compromiso de una reparación inicial mayor a los 610 millones de soles, sin ninguna duda. Pero si Odebrecht da la información ofrecida no solo se podrá meter en la cárcel a todos los responsables de la podredumbre, sino cobrar las reparaciones civiles que correspondan.Hay quienes no quieren que esto ocurra y por esto conspiran para traerse abajo el acuerdo.

Alguna gente bienintencionada se confunde por el cargamontón contra el acuerdo y duda, pero al final todo se remite a una cuestión de confianza, en un país donde difícilmente encontramos en quién creer.¿Podemos o no podemos creer que Rafael Vela y su equipo defenderán los intereses de los peruanos?Con su persistencia, su firmeza y su coraje estos jóvenes fiscales se han ganado el derecho a que los peruanos les demos nuestro voto de confianza: Hagan su trabajo, ¡caiga quien caiga!