24/01/2019 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Grande fue la sorpresa para el vigilante Christoph Meili, al descubrir en su ronda nocturna, documentación bancaria de la era del Holocausto que iba a ser incinerada por orden del banco donde trabajaba. Sin documentación para probarlo, él sabía que los derechohabientes no podrían reclamar los activos que sus familiares habían depositado en los bancos suizos, antes de perecer en los campos de concentración. Movido por un sentimiento de justicia, logró proteger los libros contables y lanzar la voz de alerta al mundo.
Este caso tiene su parangón en el Perú con el caso Telefónica. La analista Silvana Castagnola afirmó que dicha empresa negó un pedido de registro de llamadas a los fiscales Renzo Huamán y José Domingo Pérez. Según Castagnola, Telefónica respondió a los fiscales que la información requerida ya no se encontraba disponible por sobrepasar los tres años de antigüedad, basándose en la Ley 27336. Esta versión fue desmentida porque Castagnola descubrió que la información todavía figuraba en los servidores de la empresa. Rechazó la orden de eliminar dicha información porque algo le decía que era ilícito ocultar esta información a un fiscal.
Sin saberlo, Meili y Castagnola habían procedido a hacer una denuncia ética (o Whistleblowing): acto por el cual un empleado de una entidad privada o pública revela actos ilegales, inmorales o contrarios al interés público, sin que forme parte del acto delictivo de su empleador (Jaico/Micotti, Whistleblowing, Zúrich, 2014).
En el Perú, la denuncia ética y controles internos son conceptos que aún no han sido asimilados eficazmente por la legislación. En el sector privado, el caso Telefónica confirma la inexistencia o inoperatividad de Órganos de Control Interno, lo cual hace que el denunciante ético no cuente con un efectivo conducto interno que le permita denunciar los actos ilícitos de los que tiene conocimiento.
Una legislación pionera en Estados Unidos es la Ley Sarbanes & Oxley, hecha para evitar los escándalos financieros de Enron o Worldcom, la cual establece un sistema de alerta de fraude para las empresas y sus subsidiarias, cualquiera que sea su nacionalidad. Así, cada empresa debe tener un sistema de denuncias para los empleados que detecten fraude contable, corrupción o actividad ilícita.
Por los convenios internacionales firmados y las recomendaciones de la OCDE, nuestra legislación debe orientarse de manera decidida a la protección del denunciante ético, haciendo de él un pilar esencial en la lucha contra la corrupción.
