OPINIÓN | Roberto Rodríguez Rabanal: la sociedad civil y la agenda 2030

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó hace 43 meses la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que constituye un plan de acción a favor de las personas, familias, comunidades, países y el planeta; reconociendo que el mayor desafío actual es la erradicación de la pobreza. Los 17 objetivos y 169 metas, articulados entre sí, conciernen a las dimensiones económica, ambiental, social, cultural e institucional; para cuyo cumplimiento los Estados deben asumir plenamente su responsabilidad, priorizando la atención a las poblaciones más vulnerables.

Las políticas públicas que se requiere para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) deben ser concebidas como expresión de la concertación para el desarrollo, asociando las voluntades del Estado y la sociedad civil, e involucrando al sector privado.

Cuando hablamos de sociedad civil nos referimos a los ciudadanos que actúan colectivamente, uniendo a los individuos a fin de tomar decisiones ejerciendo su libertad, proponiendo soluciones a la problemática de la agenda pública. En una sociedad democrática es una cuestión prioritaria promover que haya una sociedad civil fuerte, organizada y con interlocutores claros; pues la existencia de instituciones ciudadanas dinámicas contribuirá a avanzar.

Lo indicado es opuesto a las autocracias o dictaduras contrarias a la participación ciudadana o que utilizan la organización de la gente para sus fines particulares. Un caso extremo fue el de Luis XIV, rey de Francia durante más de seis décadas, hace tres siglos, quien, haciendo gala del despotismo característico del absolutismo monárquico, decía El Estado soy yo, aludiendo a que estaba por encima de la ley y de las personas.

En nuestro país, actualmente, las demandas más sensibles, además de persistir en la lucha contra la corrupción predicando con el ejemplo, son seguridad ciudadana; una adecuada administración de justicia; educación pública basada en valores, de calidad para todos; anemia, desnutrición y carencia de aseguramiento universal de la salud para 3 millones de personas; programas sociales eficaces para quienes realmente los necesitan; carreteras e infraestructura para el desarrollo; y empleo digno para todos, dando pasos sustantivos en la superación de la informalidad.

Avanzar en la solución de los problemas señalados implica contar con un Estado al servicio de la ciudadanía y no como lo que vemos todos los días; para ello, además de la tan necesaria reforma política poniendo énfasis en la calidad de la representación, en la democracia y transparencia; y sobre todo asumir nuestro rol múltiple en tanto vecinos, trabajadores, consumidores, estudiantes, inversionistas, etc.; situaciones en las cuales somos interdependientes; y, por ende, podemos hacer sentir nuestra voz en tanto estemos organizados para participar y decidir. La experiencia de Las Bambas y de los numerosos conflictos sociales exige la participación ciudadana, factor democrático de primer orden para conseguir bienestar, prosperidad y desarrollo integral, tal como está contenido en la Agenda del Desarrollo sostenible al 2030.