01/10/2019 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Escribo estas líneas en medio de una gravísima crisis política y moral. Crisis política porque los poderes del Estado han perdido legitimidad, siendo el caso extremo el del Congreso de la República, dado su escaso 8% de aprobación y porque ocupa el deshonroso primer lugar como el Parlamento más corrupto de América Latina y el Caribe, según la reciente encuesta de Transparencia Internacional.
Crisis moral porque la corrupción sigue vivita y coleando, pese a lo conseguido por la persistente y diáfana labor de fiscales como Vela, Pérez, Sandra Castro y Rocío Sánchez; y jueces como Richard Concepción Carhuancho. La última muestra pestilente ocurrió hace unas horas cuando fue adulterado el voto de la congresista Foronda para facilitar la elección de Ortiz de Zevallos Olaechea, primo hermano del presidente del Congreso, con lo cual la Confiep podrá tener un vocero explícito en el Tribunal Constitucional para favorecer a las grandes empresas que adeudan a la Sunat casi S/ 5 mil millones, (Telefónica, Scotiabank, Volcan, IBM, Saga Falabella).
El Congreso de la República ha llegado a tal grado de suciedad que no puede seguir representando a la ciudadanía honesta, patriótica y emprendedora. Se ha convertido en un factor desestabilizador de la democracia y de una sociedad con valores, copado por lobistas e inclusive delincuentes que hace rato deberían estar entre rejas; y si aún no lo están se debe al blindaje de la inmunidad que ha devenido en impunidad.
Si queremos construir un país diferente no podemos ser indiferentes, y tampoco podemos permitir que un puñado que resume todos los vicios habidos y por haber, arrebate nuestros sueños de construir un nuevo Perú con justicia, libertad, dignidad, prosperidad y sin violencia ni corrupción.
La salida a los problemas de nuestro país no es un asunto de constitucionalistas: algunos actuando según los designios de los corruptos, y uno de ellos es el abogado de la Sra. K. Es una cuestión de ciudadanía, ejerciendo derechos y cumpliendo deberes. La gente no puede estar de adorno o para ser utilizada como masa de maniobra, sino que debe asumir un creciente protagonismo a través de su participación activa.
Una economía para la gente y no para mercantilistas ni narcotraficantes; un Estado democrático, social, descentralizado y transparente, y no autoritario, excluyente, centralista ni mafioso; una sociedad con valores y no aquella en la que el fin justifica los medios; un país que asuma sus responsabilidades frente a la crisis climática y no se ponga de costado para seguir contaminando anteponiendo intereses particulares; un Perú donde se respete las diferencias culturales, étnicas, de género y de generación existentes en un país diverso como el nuestro, y que no impere la discriminación permanente, incluyendo la que sufren las personas con discapacidad.
Al culminar de redactar estas líneas no sabemos a ciencia cierta cuál será la decisión inmediata sobre la cuestión de confianza planteada por el primer ministro, aunque los pícaros congresistas son capaces de otorgarla a fin de mantener su inmunidad-impunidad y sus sueldazos. Tampoco sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, la que debería anularse dado el cúmulo de irregularidades. Y, sobre todo, en relación al futuro inmediato del peor Congreso de la historia, cuyo cierre es, sin exagerar, un clamor ciudadano, lo que está en manos del presidente de la República.