OPINIÓN | Roberto Rodríguez Rabanal: Minería, ordenamiento territorial y megadiversidad

Decir que el Perú es un país minero es una afirmación sesgada que responde más a intereses particulares que a la realidad; obvia nuestra condición de país megadiverso, donde la minería juega un rol importante aunque sus proyectos no deberían ejecutarse si afectan el medio ambiente, la salud y los derechos de las personas; por el contrario es fundamental que al gestionar los recursos naturales se armonice las dimensiones económica, social, ambiental y cultural para orientarnos hacia el desarrollo integral y sostenible que beneficie a todos y no únicamente a un pequeño grupo de empresarios.

En este proceso, al Estado le corresponde un papel esencial para garantizar la gobernanza territorial, lo que implica articular la acción de los tres niveles de gobierno (nacional-regional-local), concertando voluntades con una visión descentralista que se exprese en los planes de desarrollo, y afianzando el quehacer de las mancomunidades regionales y locales en base a la planificación participativa y a proyectos comunes.

A partir de lo señalado es indispensable el ordenamiento territorial soberano para organizar adecuadamente la gestión de los distintos recursos; delimitar las zonas económicas y ecológicas a nivel departamental y nacional para definir dónde puede llevarse a cabo tal o cual actividad productiva o de servicios; lo que permitirá que haya planes para facilitar la inversión privada con reglas claras en función del interés nacional-regional-local; que a su vez será un factor de prevención de conflictos.

Nunca olvidemos que el Perú es uno de los 10 principales países megadiversos y que 84 de las 117 zonas de vida del planeta (72%) se hallan en nuestro territorio; aunado a nuestra rica y variada riqueza en cuanto a flora y fauna; y junto con Brasil somos los dos grandes países amazónicos. En el marco del calentamiento global y la gravísima crisis ambiental mundial, no podemos quedarnos en el cortoplacismo en nombre de la ganancia inmediata a lo bruto para favorecer a las grandes empresas mineras, sino que debemos aspirar a mucho para el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía.

Es nuestro deber sacar lecciones de experiencias como las de Conga (Cajamarca) y ahora en Tía María (Arequipa), y abrir un amplio debate en torno a una nueva Ley general de minería como parte de un proyecto de desarrollo nacional inclusivo, involucrando a universidades, colegios profesionales, inversionistas, gestores, organizaciones sociales y ciudadanas, y autoridades nacionales, regionales y locales; dialogando con transparencia para unir voluntades.

Superar la conflictividad social y construir consensos es imprescindible; para ello, por lo menos es necesario contar con Estudios de Impacto Ambiental y Social rigurosos y no al paso; la consulta previa, la información clara y oportuna para una verdadera participación ciudadana y no su desconocimiento o relativización; el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental para la evaluación y fiscalización permanente, dejando de lado la política de juez y parte del Ministerio de Energía y Minas, con funcionarios ligados a la nefasta práctica de la puerta giratoria; la tributación justa y no las escandalosas exoneraciones tributarias con nombre propio; el respeto a los derechos de los trabajadores y no el esclavismo moderno; combatir con firmeza a la minería ilegal.

Minería sí, pero no así. Es momento de procesar cambios profundos con una mirada de desarrollo integral y sostenible que nos conduzca al buen vivir, afirmando nuestra condición de país megadiverso, que incluye la minería, sin limitarse a ella. Sí se puede.