OPINIÓN | Roberto Rodríguez Rabanal: Inmundicia, reformas y derechos ciudadanos

Mahatma Gandhi, líder anticolonia­lista y pacifista indio, decía que aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas reformas, no estarán nunca en las filas de los hombres que apuestan a cambios trascendentales. A las puertas del bicentenario seguimos siendo en esencia una República sin ciudadanos y, por ende requerimos nuevas reformas que faci­liten el ejercicio de nuestros derechos en de­mocracia, a fin de ser representados por gente capaz y sobre todo decente.

Hace menos de un año, nuestra sociedad fue remecida al difundirse los audios de los “her­manitos”. Lo que al comienzo apareció como un caso más de hampones comunes y corrientes, en realidad era una vasta red delincuencial en tor­no a la organización “los cuellos blancos del puerto”; contando con una activa participación desde el Estado : Consejo Nacional de la Magistratura, Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso de la República; su referencia territorial inicial era el Callao, manejado por el grupo “Chim Pum Callao”, liderado por el reo fujimontesinista Alex Kouri y el prófugo Félix Moreno.

Pero no sólo de trataba del caso Lava juez, sino que poco a poco nos ente­ramos más del caso Lavajato, donde la inmundicia involucraba también a la cúspide del poder económico (Club de la construcción, con ramificacio­nes en la CONFIEP); y a lo político, una de cuyas fuentes son lo que queda de los partidos, convertidos en clubes electorales, varios de ellos penetrados por el narcotráfico y la gran mayoría actuando como vientres de alquiler.

Aunque en el referéndum del pasado 9 de diciembre, el 80% votó por la prohibición de la reelección inmediata de los congresistas, si se efectua­ran las elecciones del 2021 con las normas vigentes, tendríamos más de lo mismo. De ahí el por qué de la reforma política, siendo menester priori­zar las concernientes a las organizaciones políticas (inscripción de nuevos partidos en base a militantes organizados y no a firmas, máxime si varios surgieron producto de la falsificación; elección de candidatos a tra­vés de Primarias, abiertas, simultáneas y obliga­torias, organizadas por la ONP y con paridad); y que haya filtros rigurosos en la presentación de candidatos (señalar los procesos penales en trá­mite y la declaración jurada de intereses; y que no puedan postular quienes tengan sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos de penas mayores a 4 años).

Asimismo, la transparencia debe caracterizar el financiamiento partidario, con rendición de cuentas antes-durante-después de las campañas electorales; y cabe limitar significativamente la inmunidad parlamenta­ria, pues está sirviendo para que haya impunidad.

La reforma política es un deber y un derecho ciudadano. El debate de las propuestas en el Congreso tiene que procesarse con celeridad, constatándo­se que no hay una voluntad reformista en la mayoría congresal; por lo que corresponde extenderlo a los diferentes espacios ciudadanos. Si persistiera la terca oposición de aquélla a las reformas, entonces deberá plantearse el voto de confianza y, si fuere el caso, a la disolución constitucional del Congreso.

Esto es parte de la lucha contra la corrupción, la cual, repito una vez más, no tiene sello ideológico, color político, género, credo religioso u origen económico. Por cierto, no todos somos iguales pues en la ciudadanía hay fuerzas morales que anhelan cambios de raíz. Será un combate desigual frente al poder político y económico, pero, con Toro Belisario decimos Sólo se ha perdido cuando se deja de luchar