OPINIÓN | Roberto Rodríguez Rabanal: Agenda pública y acción colectiva

Recurrentemente se plantean propuestas técnicas desligadas de una decisión política integral y ni qué decir de las necesidades y demandas sociales; así se esconden los intereses -sobre todo económicos- que están a la base de las normas que se expiden.

También hay quienes se quedan en el discurso político general al carecer de planteamientos técnico-programáticos y utilizan a la gente como masa de maniobra al servicio de sus intereses por lo general personalistas, que no renuevan liderazgos y que tienen muchas dificultades para trabajar en equipo.

Por otro lado, “en nombre de las bases” se exige de todo, sin priorizar las demandas, que se quedan en simples enunciados, sin responder a una decisión política y actuando caudillistamente y muchas veces con criterios sectarios.

Lo técnico, lo político y lo social, si son concebidos como compartimientos estancos, no van a contribuir a hacer realidad los cambios que nuestro país necesita y reclama. Es fundamental construir la agenda pública nacional articulando los factores técnico-político-social, alimentándolos y retroalimentándonos. Agenda pública nacional que responda a un enfoque descentralista, donde lo local y lo regional son espacios territoriales básicos; y ponga por delante la acción colectiva.

El francés Joseph Sieyes decía que se trata de proponer, escuchar, concertar y cambiar la propia opinión a fin de formar en común una voluntad mancomunada. A esto respondió la aprobación, hace tres años, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, que involucran las distintas dimensiones para alcanzar el bienestar y el progreso: económica, social, política, cultural, ambiental, institucional, etc. Y desde el año 2002 se han venido definiendo las 34 políticas de Estado en el marco del foro del Acuerdo Nacional, siendo las últimas tres las referidas a la gestión de riesgo de desastres, de recursos hídricos, y de ordenamiento y gestión territorial.

Este proceso de construcción de la agenda pública requiere enfrentar el marcado individualismo imperante, y, según lo expuesto por el filósofo argentino Julio de Zan, lo esencial es la participación activa de los ciudadanos, o de la opinión pública general en el procedimiento de la toma de decisiones colectivas. Esta es la “nueva” exigencia actual de una democracia participativa, que recupera de algún modo la idea y la práctica de la antigua polis, la cual ha vuelto a ser posible en el contexto de la sociedad de la comunicación, y ha sido repensada por las actuales teorías de la democracia deliberativa.

Edificar un Perú nuevo en un mundo nuevo, sin violencia ni corrupción, implica que la agenda sea pública, se oriente al bien común y tenga una base ciudadana; lo que está en la orilla opuesta a la primacía del interés particular de quienes adoran al “dios mercado”.