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OPINIÓN | Nicolás Lúcar: el tamaño de la crisis

Lo que estamos viviendo es el derrumbe de la clase dirigente peruana que incluye no solo políticos sino líderes  empresariales.

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03/06/2019 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023

No hay manera de curar una enfermedad sin un diagnóstico adecuado de la misma.

Si no sabemos qué males aquejan exactamente al paciente, no podremos curarlo.

Lo mismo ocurre con la sociedad peruana hoy y la crisis que atraviesa. Si no tenemos un diagnóstico adecuado de qué es lo que está pasando en el Perú actualmente no hay manera de que demos respuestas adecuadas para salir de este endemoniado laberinto en el que estamos atrapados.

Pero es peor aún tener percepciones equivocadas, interpretaciones erradas de lo que estamos viviendo.

Este no es un conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso que se va resolver con la victoria de una de las partes. Ojalá fuera tan fácil, y es lo que quisieran los protagonistas inconscientes de su propio drama.

Lo que estamos viviendo es el derrumbe de la clase dirigente peruana que incluye no solo políticos sino líderes empresariales. Una clase dirigente carcomida por la corrupción y signada por la ineficiencia y la incapacidad.

Pero es sobre todo el fin de un ciclo, que fuera instalado en el Perú con la Constitución de 1993. Es el fin de la era neoliberal en nuestro país.

Lo que está pasando no es solo que los más importantes líderes políticos están yendo a la cárcel por haber montado un sistema de corrupción que empezaba con el financiamiento ilegal de sus campañas electorales y que seguía con el pago de comisiones ilegales para hacer prioritarias obras que no lo eran, para sobrevalorarlas y todo para favorecer a organizaciones criminales de empresarios que se apoderaron así de la obra pública y de las concesiones.

Todo el sistema institucional terminó articulado para hacer posible esta operación mafiosa. El Congreso y el sistema de justicia eran parte del mecanismo.

Las evidencias están sobre la mesa y el Equipo Especial del caso Lava Jato, encabezado por Rafael Vela, se hará cargo de que todo se sepa. Pero meter presos a todos los políticos y empresarios involucrados y desmontar el perverso sistema de corrupción no será suficiente.

Es necesario, está claro, un cambio no solo en las formas de hacer política y justicia sino en sus protagonistas.

Pero todo esto no es sino la cara más fea de una crisis mayor.

Han pasado más de 25 años desde que Alberto Fujimori iniciara un programa económico y social neoliberal, mal copiado del propuesto por Mario Vargas Llosa y el Movimiento Libertad, e institucionalizado en la Constitución de 1993. Ese proyecto fue continuado por todos los gobernantes que lo siguieron, más allá de sus matices políticos.

25 años después, el balance lo está haciendo la propia y cruda realidad.

Pese a los índices positivos de crecimiento macroeconómico, la educación pública, clave para cualquier proyecto nacional, se cae a pedazos y ha retrocedido 4 décadas, la salud pública está colapsada por la falta de recursos y la mala gestión, los jubilados reciben miserias mientras el Estado le debe a su fondo más de 40 mil millones de dólares, el transporte público es una pesadilla, la infraestructura vial es vergonzosa, la inseguridad nos asfixia mientras seguimos con policías a medio tiempo y sin equipos. Los índices de anemia y desnutrición infantil no se corresponden con un país que ha crecido como el nuestro.

Una crisis a la que se suma, además, la presencia abrupta de casi 1 millón de venezolanos que se han sumado a nuestra población en solo dos años.

La pregunta es cómo ha sido posible esta paradoja: crecer y estar tan mal al final del camino.

¿Qué es lo que ha fallado en este proyecto nacional neoliberal de la Constitución del 93?

¿Hay que hacer borrón y cuenta nueva, y volver a Velasco como propone Antauro y nacionalizar los recursos naturales y los servicios públicos?

¿Hay que endurecer aún más las políticas laborales y la represión a los crecientes conflictos sociales, pero seguir en lo mismo?

¿Hay que hacer algunos cambios, por ejemplo en los contratos de concesión dándoles participación en la propiedad y en las utilidades de las mismas a las comunidades?

Esta es la discusión a la que debíamos abocarnos... ¿o será mucho pedir?

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