OPINIÓN | Nicolás Lúcar: Peajes: por justicia y por dignidad

Jorge Muñoz, el alcalde de Lima, acaba de anunciar el inicio de un proceso para anular el contrato de concesión de Lamsac, pero también ha dicho, y no nos explicó las razones, que el proceso llevará hasta dos años y que nos costará más de 1,500 millones de soles.

Además, ha dicho que la concesión de Rutas de Lima continúa y que prácticamente deberíamos agradecerles por la baja de un sol en la tarifa del peaje y el compromiso de realizar obras que debieron hacer y no han hecho.

El error de Muñoz y de quienes lo mal asesoran, es partir del supuesto de que estamos hablando de contratos legítimos y de la manera de mejorarlos.

No terminan de entender que los contratos que dieron origen a estas concesiones están viciados de nacimiento. Que fueron hijos de la corrupción, que le quitaron a la ciudad de Lima su principal fuente de ingresos para entregarle un negocio multimillonario a Odebrecht y a OAS, quienes financiaron ilegalmente campañas electorales y pagaron sobornos para conseguir ese privilegio. Regalados además por 30 y 40 años sin que hubiera ninguna relación entre el costo real de la operación y la utilidad razonable con la duración de las concesiones y las tarifas de los peajes que se multiplicaron, igual que las casetas de peajes .

OAS y Odebrecht recibieron una autopista hecha por EMAPE y un sistema de cobro de peajes funcionando.

Pero no solo eso.

La actual administración de la ciudad capital se olvida de que, encima de todo, estas empresas incumplieron compromisos adquiridos en estos vergonzosos contratos. La avenida Malásquez y la Ramiro Prialé abandonadas, la vía alterna de Puente Piedra que nunca se hizo, el mal hecho intercambio de Alipio Ponce, son solo ejemplos de lo que estamos hablando.

Muñoz tiene que terminar de ponerse los pantalones y anular inmediatamente los dos contratos de concesión, revertir la administración de los peajes a EMAPE, rebajar a tarifas justas los peajes, eliminar las casetas abusivas, demandar ante el CIADI y ante tribunales peruanos e internacionales a Lamsac y Rutas de Lima por el perjuicio causado a la ciudad y por los cientos de millones de dólares que nos han robado en estos años.

Finalmente, y el que es abogado lo sabe, el alcalde no debe dejarse intimidar por quienes, faltando a la verdad, como las empresas Vinci y Brookfield, sostienen que actuaron de buena fe cuando adquirieron el íntegro o parte de estas concesiones. Pretender que cuando ellos compraron las concesiones no sabían de los escándalos en que estaban envueltos OAS y Odebrecht, cuando sus más importantes ejecutivos estaban presos o camino a la cárcel, es una falta de respeto inadmisible a nuestra inteligencia.

Devolver los peajes a Emape no es solo una cuestión de justicia, también es un gesto de dignidad.