OPINIÓN | Nicolás Lúcar: peajes y concesiones

Hay varias cosas que a estas alturas están claras.

Entregar la administración y explotación de los peajes de Lima a dos empresas brasileñas, OAS y Odebrecht, fue una decisión nociva para el interés de la ciudad. Es decir, no estuvo basada en la búsqueda de mejores servicios para los ciudadanos a cambio de costos y utilidades razonables. No fue así. Mantener la administración municipal de los peajes y encargarle a privados eventualmente las obras de ampliación e inclusive el servicio de mantenimiento de las vías, hubiera sido no solo más razonable, sino que no le hubiera quitado a la ciudad su más importante ingreso. Estamos claros en que el móvil fue favorecer groseramente, en contra de los intereses públicos, a empresas privadas. La evidencia más escandalosa es el precio de los peajes que no tiene ninguna correspondencia con los costos de la operación ni con la utilidad razonable.

Pero hay más. A estas alturas está claro que todo esto ocurrió a cambio del financiamiento ilegal de las campañas electorales y de la revocatoria y, como investiga hoy la fiscalía, a cambio de comisiones ilegales.

El perjuicio al interés público y la mancha de corrupción con la que estos contratos nacieron deberían ser argumentos suficientes para reclamar su nulidad.

Peor aún.

Las concesionarias han incumplido compromisos como construir y habilitar las vías alternas, y en calidad de obras como en el caso del intercambio Alipio Ponce o el túnel de Línea Amarilla.

Tampoco es legítimo el argumento de que los nuevos accionistas de OAS, la francesa Vinci, o en el caso de Rutas de Lima, la canadiense Brookfield, actuaron de buena fe, ya que al adquirir sus participaciones en las concesiones los escándalos de corrupción de ambas constructoras brasileñas eran materia de investigación y de conocimiento público.

Todo nos favorece para ganar esta disputa en cualquier tribunal de justicia o comercial, acá o en cualquier parte del mundo.

Son ellos los que deben temerle al CIADI y deberíamos ser nosotros los que tomemos la iniciativa de llevar este conflicto a tribunales internacionales.

Se trata de tener la decisión política y por supuesto el coraje de hacer lo que hay que hacer.

Jorge Muñoz deberá probar de qué material está hecho.