OPINIÓN | Nicolás Lúcar: lo que está en juego en las Bambas

La vía de salida de mineral de Las Bambas, uno de las más grandes explotaciones de cobre del Perú, está interrumpida hace más de 35 días por los comuneros de Fuerabamba. Las pérdidas diarias se calculan en no menos de 6 millones de dólares. La imagen del Perú como destino de inversión está seriamente cuestionada por esta situación. El llamado Corredor Minero fue declarado en estado de emergencia en agosto del año pasado, lo cual significa que 300 policías y militares están instalados ahí para garantizar el orden. Sin embargo, no se deciden a intervenir y a restablecer el flujo de camiones de la minera.

Esto está pasando en Las Bambas, pero dejarlo ahí es contar media verdad, o peor aún no explicar por qué está pasando lo que está pasando y menos aún ayudar a resolverlo.

Para empezar, sería bueno recordar que cuando en Conga y Tía Mari?a se enfrentaban movimientos opuestos a la explotación minera, en Las Bambas las comunidades declaraban su apoyo a la minería. Es más, la experiencia de negociación y acuerdos llevó a poner a Las Bambas como algo que había que replicar en el resto del país.

Y es que el tema es complejo. La propiedad del subsuelo en el Perú es del Estado, que a su vez lo ha entregado en concesión a personas y empresas sin que nunca haya quedado claro cómo y por qué. Literalmente, todo el Perú está concesionado, y esto se transforma en conflicto cuando sobre esos yacimientos de mineral concesionados viven comunidades que tienen derechos adquiridos sobre el suelo desde siglos atrás.

Esto ha llevado a la paradoja de que los concesionarios exploten el mineral y se enriquezcan y paguen al Estado impuestos y cánones, que son por lo general mal usados, mientras las comunidades siguen en la pobreza y la desesperanza. Esos son los verdaderos mendigos sentados sobre un banco de oro, de los que hablaba Raimondi. Los enfrentamientos han sido así inevitables y los gobiernos unos tras otros han actuado como guardaespaldas de los inversionistas mineros y en contra de las comunidades.

Todo esto genera descontento y resentimiento, y es algo que hay que cambiar.

Y el riesgo es que en Las Bambas estamos al borde no de un avance sino de un retroceso.

La discusión es muy simple. La concesión fue entregada a una empresa suiza que iba a transportar el mineral extraído a través de un mineroducto. Pero la concesión fue transferida en su mayor parte a una empresa china que decidió cambiar las reglas de juego, cancelar el mineroducto y abrir una carretera para que el mineral fuera trasladado a Matarani para su exportación. La carretera, sin embargo, atraviesa el Fundo Yaviyavi que había sido transferido a la Comunidad de Fuerabamba a cambio de terrenos de su propiedad de donde se extrae el mineral.

Lo lógico era que si los chinos querían cambiar las reglas de juego, y hacer uso de una propiedad que no era suya, pagaran por ello. Pero no querían hacerlo. Lo peor vino después, cuando los representantes del gobierno, lejos de poner a los chinos en su sitio y hacer respetar el derecho de los peruanos a legítimas compensaciones, declaró que la carretera era una vía nacional. Con ello exoneraba a los chinos de Las Bambas de hacer pago alguno. La cereza la puso el estado de emergencia.

Ese es el centro del conflicto ahora.

La empresa acusa a los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, abogados de los comuneros, de manipulación y de extorsionar a los chinos.

La tensión crece y estamos al borde de que los abogados de los comuneros sean acusados de ser parte de una organización criminal, de que los dirigentes de las comunidades de la región vayan a la cárcel sentenciados a 17 años por los conflictos que ocurrieron cuando llegaron los chinos y cambiaron las reglas y de que otra vez corra la sangre y no solo los camiones.

Eso es lo que están esperando los que quieren que el país se incendie.

Salvador del Solar tiene en sus manos la decisión de repetir más de lo mismo o de empezar a cambiar las cosas.