OPINIÓN | Nicolás Lúcar: justicia que no merece el nombre

El día de ayer el Poder judicial ha emitido un comunicado en el que justifica la decisión de la Corte Superior de Justicia de Piura de levantarle la prisión preventiva y darle comparecencia, es decir, libertad, a Yerson Domínguez, uno de los implicados en el incidente en el que fue baleado, y tras el que finalmente muriera, el suboficial de la PNP Anner Luzón.

El comunicado pretende sostener la corrección de la resolución de una sala, dos de cuyos miembros votaron hace solo unos días por enviar a prisión preventiva por 7 meses a Elvis Miranda, el policía que persiguiendo delincuentes disparó y dio muerte a uno de ellos.

El sistema de justicia ha decidido cerrar filas y eso tiene su lado positivo, pues nos permite saber contra quién estamos peleando.

El comunicado sostiene que Domínguez resultó negativo a la prueba de absorción atómica y que, por lo tanto, él no puede haber disparado. Pero no dice nada sobre el hecho de que Domínguez participó en un asalto donde hubo armas de fuego y se niega a declarar, protegiendo así a sus cómplices en el robo, pero sobre todo en la balacera que terminó con la muerte de un policía.

El comunicado sostiene también que la víctima del asalto que originó este caso ha declarado que, al momento de robarle el celular, los asaltantes no hicieron uso de armas de fuego. Pero los señores del Poder Judicial no dicen que los delincuentes sí iban armados, ni dicen que, al momento de producirse la intervención policial, dispararon contra los miembros del Escuadrón Verde, ni recuerdan que, precisamente, uno de esos disparos hecho por los asaltantes hirió y terminó matando a Anner Luzón.

Para el Poder Judicial del Perú, un delincuente que participa en un asalto, en el que se usan armas para impedir la intervención policial y en el que se dispara y mata un policía, merece esperar en libertad su investigación y procesamiento. Pero esa misma justicia manda a prisión preventiva a un policía que, tras un asalto y en cumplimiento de su deber, persigue y dispara contra un delincuente que termina muerto.

Para la Justicia Peruana, el caso del asaltante no califica ni como robo agravado ni como complicidad en intento de homicidio, es -lo dicen sin decirlo- un hecho menor y no merece la severidad de una prisión preventiva. Pero el policía que actúa cumpliendo con un deber y que tiene domicilio conocido y trabajo al que está obligado a asistir, no tiene arraigo domiciliario ni laboral, y debe ir preso mientras se le juzga. El mundo al revés.

Esta secuencia de absurdos y arbitrariedades nos ha obligado a volver la mirada sobre quiénes son estos jueces que mal administran la justicia en Piura.

Resulta que no solo meten en la cárcel a policías y liberan delincuentes, sino que, por lo menos uno de ellos, tiene antecedentes que vale la pena recordar.

Manuel Arrieta, uno de los vocales objeto de esta controversia, fue el juez que denegó la demanda que Lucrecia Orozco interpuso reclamando el reconocimiento de paternidad y las obligaciones incumplidas por Alejandro Toledo con respecto a su hija Zaraí. Arrieta no solo resolvió en contra de Lucrecia, sino que la demandó por difamación cuando ella sostuvo que tras esa resolución había corrupción. Todos sabemos en que acabó esta historia y sería ilustrativo saber qué dice ahora el Dr. Arrieta sobre lo que hizo en ese entonces.

Pero hay más. Según ha documentado el general PNP Máximo Ramírez, defensor de la Policía, el año 2000, cuando Arrieta era parte del Ministerio Público, fue procesado por haber autorizado la devolución a unos narcotraficantes de decenas de bidones que, según la Policía Antidrogas, habían sido incautados por contener látex de amapola, pero que según el entonces fiscal solo tenían desinfectante Kresso.

Hijos del Consejo Nacional de la Magistratura, todos estos magistrados tendrán que pasar por el cernidor.

La Junta Nacional de Justicia enfrenta una ardua labor para depurar el sistema de justicia en el Perú.

Por si alguien tenía todavía dudas, ahora se prueba el dicho: otorongo no come otorongo. Gracias a sus actuales autoridades, no queda otro camino que reformar la justicia desde fuera.