OPINIÓN | Nicolás Lúcar: la feria de las concesiones
Lo damos por hecho. Aceptamos que las cosas son como son y no pueden ser de otra manera. Por lo menos eso es lo que nos han hecho creer.
Me refiero al sistema de concesiones de obras públicas y del subsuelo.
Empecemos por Las Bambas. Una licitación pública le permitió a la empresa suiza Xtrata adquirir por 140 millones de dólares los derechos de explotación y comercialización del mineral que allí se encontrara. Según ha recordado Víctor Andrés García Belaunde, la empresa debía invertir hasta 4 mil millones de dólares, pero cuando no había gastado más de 400, siempre según el recuento realizado por el congresista de Acción Popular, la concesión fue vendida a la minera china MMG por 7 mil millones de dólares. Así de grandes son los números. Por esa operación el Estado peruano debía recibir el 30% por impuesto a la renta, es decir más de 2 mil millones de dólares. Pero todavía es un misterio cómo terminó cobrando menos de 500. Para terminar con su recuento, el parlamentario acciopopulista nos ha recordado que en los días en que el guano de las Islas era nuestra mayor riqueza, el Estado tenía el 70% y el concesionario se quedaba con el 30%. Ahora en las minas es exactamente al revés.
Una enorme porción del subsuelo de nuestro territorio está concesionado como he anotado en otro artículo publicado en esta columna. Pero nadie nos ha explicado cómo y por qué los actuales titulares de las concesiones llegaron a serlo.
Esa investigación está pendiente.
¿Y las concesiones de carreteras y autopistas?
Solo en el Perú ocurre que usted sin invertir un dólar puede hacerse de un negocio multimillonario. En Lima hemos entregado en concesión hasta por 40 años, autopistas que ya estaban construidas y donde lo único que hicieron los ganadores de las licitaciones fue sacar el letrero de EMAPE, poner los suyos y empezar a amasar fortunas con el cobro de los peajes.
Las concesiones de Línea Amarilla y Rutas de Lima no solo han sido un pésimo negocio para la Municipalidad de Lima, ni siquiera eran necesarias. EMAPE podía seguir administrando los peajes y contratar con privados el mantenimiento de vías y las obras y ampliaciones que fueran necesarias. Solo la corrupción explica por qué se regaló un negocio millonario y se le quitó a la ciudad de Lima su principal ingreso.
El otro tema es la duración de las concesiones. El concepto básico de las obras en concesión, es que una empresa invierte en construir una carretera y luego cobra el peaje por el uso de la misma, con el cual recupera su inversión y recibe una utilidad razonable. Pero acá le regalamos por 30 y 40 años las concesiones y les regalamos negocios multimillonarios a las constructoras. Es absolutamente irrazonable y solo se explica una vez más por el sistema de corrupción en el que se sustenta.
Lo mismo ha ocurrido con la autopista a Ica o con el aeropuerto internacional Jorge Chávez.
Todo nuestro sistema de concesiones está envenenado.
El último caso, el de la Vía Expresa Sur no es sino más de lo mismo. No estamos hablando del hecho escandaloso de que sea Graña y Montero la beneficiada, sino de algo aún más básico, nadie ha explicado por qué tiene que ser entregada por 40 años, y no por 25 o por 8.
La obra es una necesidad impostergable, pero nada justifica cómo y con quién pretende hacerse. El Colorao está perdiendo acá una buena oportunidad de mostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera.