Columnistas

OPINIÓN | Nicolás Lúcar: las dos muertes del suboficial Luzón

Mientras Luzón luchaba por su vida, el delincuente que lo mató era liberado por un sistema de justicia que da vergüenza.
luzon
12-02-2019

El día de ayer, luego de luchar por su vida durante un mes, falleció en Lima el suboficial de la Policía Nacional, Anner Yonel Luzón Jiménez. Pero ayer a Luzón lo mataron, permítanme la expresión, dos veces. Mientras él se iba inexorablemente, el delincuente que lo mató era liberado por un sistema de justicia que da vergüenza y que en la guerra que estamos librando contra la delincuencia tiene entre sus filas a quienes han tomado partido por los enemigos de la sociedad.

Luzón había participado el 14 de enero pasado en un enfrentamiento con un grupo de delincuentes tras un asalto a mano armada en la avenida Circunvalación del asentamiento humano del distrito 26 de Octubre, en la ciudad de Piura.

Los delincuentes que fueron intervenidos tras el asalto por un equipo del Escuadrón Verde del que Luzón era parte, huyeron en un mototaxi y dispararon a matar contra los policías.

En el tiroteo, Luzón cayó herido.

Una de las balas que le disparó el delincuente Yerson Alexander Domínguez Martínez le destrozó el hígado, el páncreas y el bazo.

Los delincuentes fueron capturados y contra Domínguez se ordenó una prisión preventiva por 9 meses.

Mientras Luzón se debatía entre la vida y la muerte y era trasladado a Lima para tratar de salvarlo, los abogados de su agresor presentaron una apelación ante la Corte Superior de Justicia de Piura.

Por increíble que parezca, y mientras la vida de Luzón se iba apagando, tres jueces superiores llamados Andrés Ernesto Villalba, Juan Carlos Checkley y Manuel Arrieta decidieron cambiar la detención preventiva dictada contra Domínguez por comparecencia restringida. Hablando en cristiano, estos jueces dejaron en la calle a un asesino de policías que probablemente ya se esfumó.

Lo increíble es que dos de estos jueces fueron los mismos que decidieron meter en la cárcel por 7 meses al policía Elvis Miranda, que cumpliendo con su deber dio muerte a un delincuente tras un asalto ocurrido también en Piura.

Es decir, que a criterio de estos magistrados, los policías que dan muerte a delincuentes defendiendo a los ciudadanos deben ser acusados de asesinato y esperar en la cárcel que se les enjuicie, y los delincuentes que matan policías tras asaltar arma en mano a la gente, pobrecitos, pueden irse en libertad para seguir haciendo de las suyas.

Tenemos derecho a pensar que jueces que son autores de esta clase de decisiones son, en el mejor de los casos para ellos, unos incapaces a los que el puesto les ha quedado grande. Pero tenemos derecho también a sospechar lo peor sobre ellos cuando constatamos que sus acciones favorecen en los hechos a los delincuentes y sabotean la labor de los policías.

Esta es la gota que ha rebasado el vaso de la paciencia ciudadana.

No podemos esperar a que la Junta Nacional de Justicia se instale por fin y que el comportamiento de estos jueces merezca la sanción que merece.

Necesitamos poner las cosas en su sitio y hacerlo ahora.

La Corte Superior de Justicia de Piura debe ser intervenida como ocurrió en el Callao.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene la palabra: de qué lado está la justicia, Dr. José Luis Lecaros.