OPINIÓN | Nicolás Lúcar: desmontar el sistema de corrupción

La lucha contra la corrupción debería significar, por un lado, el castigo ejemplar de aquellos que saquearon las arcas públicas. Caiga quien caiga. Sin sesgos, implacablemente, todos los funcionarios públicos, de todos los niveles y todos los empresarios que fueron parte del sistema tienen que ser castigados. No puede haber impunidad. Aprendamos la lección.

En los procesos anticorrupción contra el régimen fujimorista muchos políticos y empresarios que se sentaron en la salita del SIN, que pagaron o cobraron para ganar licitaciones y juicios o conseguir algún tipo de beneficio, no fueron castigados.

Sus 'vladivideos' desaparecieron convenientemente. Hubo otros que fueron tratados con guantes de seda, como los traficantes de armas o el empresario canadiense que consiguió ganar el juicio por Yanacocha sentado en la sala del SIN ofreciéndole a Vladimiro Montesinos crucificar a Baruch Ivcher con sus contactos en Estados Unidos. Directivos de medios, dueños de bancos, constructores y personajes de todas las esferas de la vida nacional no fueron procesados y algunos de ellos ni siquiera nombrados porque las pruebas en su contra fueron puestas en la caja de videos con contenidos supuestamente privados, para luego desaparecer.

Esta ha sido una de las razones por la que la corrupción se reprodujo y asumió nuevas formas y en algunos casos con los mismos personajes.

Por eso hay que meter presos a todos los que lo merezcan. Pero, además, hay que desmontar el perverso sistema de otorgamiento de obras públicas que sobrevive pese al escándalo del caso Lava Jato.

Es inconcebible que los miembros del 'Club de la Construcción', una organización criminal de empresarios que tejió una red de corrupción que manejaba en su beneficio y a cambio de comisiones ilegales la construcción de carreteras, siga ganando licitaciones como si nada hubiera ocurrido. Sus más altos ejecutivos tienen un pie en la cárcel y el otro en las salas donde se otorgan las carreteras de la reconstrucción.

Es una afrenta que Graña y Montero, la más importante socia de Odebrecht en el Lava Jato peruano, que pagó comisiones ilegales junto a los brasileños para recibir a cambio obras sobrevaloradas, sea la encargada de hacer la Vía Expresa Sur.

Porque no solo estamos hablando de empresas que fueron parte de la corrupción, sino de empresas y grupos empresariales que han logrado (y no es difícil adivinar cómo) que ninguno de sus ejecutivos esté preso, que se niegan a colaborar con la justicia y están haciendo todo lo que está en sus manos para boicotearla.

Por último, tenemos derecho a sospechar que si no hay expreso reconocimiento de su participación en los actos de corrupción, tampoco hay voluntad de cambio y por lo tanto es absolutamente posible que así como corrompieron funcionarios antes lo sigan haciendo ahora.

Lo que ocurrirá en los próximos días será dramático. El Equipo Especial del Caso Lava Jato, que empezó ayer con Pedro Pablo Kuczynki, está decidido a ir hasta el final. El Poder Judicial deberá estar a la altura de las circunstancias históricas en un país que ya no está dispuesto a tolerar más impunidad.

Pero hay que estar claros en que esa es media tarea, la otra es desmontar de una vez y para siempre el aún vivo sistema de comisiones ilegales en el otorgamiento de la obra pública.