OPINIÓN | Nicolás Lu?car: la cuestión minera

Ya tuvimos demasiada sangre por los conflictos mineros. Y ya sabemos que someter a las comunidades por la violencia no logra nada y si lo hace no es ni duradero ni confiable.

Los conflictos sociales generados en las comunidades campesinas y las poblaciones que sienten amenazado su entorno ambiental o su agua, que perciben que la explotación de la riqueza bajo sus pies no los beneficia a ellos, no son sino una manifestación de la imperfección del modelo de explotación de nuestro principal patrimonio.

Tras el gobierno militar de Velasco Alvarado, en el que se estatizó la explotación de los recursos naturales, se inició un proceso que culminó con la privatización de los recursos del subsuelo, que si bien seguían siendo formalmente de todos los peruanos, fueron entregados en concesión a particulares en un proceso de transparencia dudosa y que nunca ha sido sometido a auditoría. Según cuadros elaborados por CooperAcción en base a las cifras de INGEMMET, más de 2 millones de hectáreas estaban concesionadas en 1991, pero para el año 1997 ya eran 15.5 millones las hectáreas entregadas a privados, y para el final del gobierno de Alan García esa área se había multiplicado 12 veces en comparación con el año 1991. El clímax, sin embargo, se alcanzó con Ollanta Humala. A finales del año 2013 casi 27 millones de hectáreas estaban concesionadas en el Perú.

Hoy son más de 18 millones las hectáreas en esta condición. La mitad del territorio de algunas regiones como Apurímac está concesionada.

El proceso de adquisición de concesiones ha supuesto en demasiados casos el pago de sumas irrisorias a cambio del compromiso de explotación del recurso, tras el cual el concesionario debe pagar regalías y cánones, que son los mecanismos mediante los cuales el Estado y, a través de él, los ciudadanos deberían participar de la explotación de esta riqueza que es, se supone, de todos. Ese ha sido por años el rubro más importante de ingreso del tesoro público, lamentablemente caído en manos de funcionarios de todos los niveles tan corruptos como ineficaces.

La gran tajada, sin embargo, se la llevaron las concesionarias que han reportado utilidades multimillonarias, sobre todo en los días del boom.

El oro pasó de USD 887.70 la onza en el año 2008 a USD 1669 el año 2012. En ese mismo periodo la plata pasó de USD 14.96 la onza a USD 31.17. Para hablar en simple, duplicaron sus ingresos sin que subieran sus costos de producción.

El modelo actualmente en vigencia en el Perú excluye de manera tajante la explotación estatal de los recursos mineros. Pero en Chile, modelo de liberalismo económico para muchos, CODELCO, una empresa estatal, es la principal corporación minera del país, que explota entre otros el principal yacimiento de cobre del mundo, la mina El Teniente.

Eso permite que enormes recursos estén disponibles, por ejemplo, para sostener una de las Fuerzas Armadas más poderosas de la región y para engrosar las arcas públicas.

A diferencia del Perú, en Canadá y en algunos estados de los Estados Unidos, el propietario del suelo tiene derechos sobre el subsuelo, lo que permite que los habitantes de las regiones ricas en mineral sean socios de los proyectos de desarrollo minero y los principales interesados en su explotación.

Lo que tenemos enfrente es una discusión que va más allá de cuánto están dispuestas a pagar las concesionarias a comuneros que reclaman compensaciones, porque más de la tercera parte de las concesiones mineras se sobreponen a tierras comunales.

La discusión que deberíamos tener el coraje de enfrentar es cómo vamos a hacer para que el inmenso tesoro que está enterrado, por ejemplo, en Apurímac, sirva para enriquecer la vida de todos los peruanos, comenzando por los que viven ahí.

Está claro que necesitamos una gran alianza con quienes tienen el dinero y la tecnología que la moderna minería requiere. Pero hay maneras más dignas de relacionarse y de lograr un mutuo beneficio. Ese es el reto. Tener un proyecto propio como país para explotar un recurso que sea nuestra gran palanca para caminar hacia el primer mundo, un camino del que ninguna posibilidad debe ser excluida, ni el otorgarle derechos de propiedad a las comunidades asentadas sobre las vetas de mineral, ni excluir formas de explotación estatal de los recursos que tendrá que recurrir a los servicios de los que saben hacerlo. La cosas no solo pueden ser diferentes, se pueden hacer mejor, para beneficio de todos.