OPINIÓN | Nicolás Lúcar: Conspiración contra la verdad
No descansan, los que quieren traerse abajo el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre la Fiscalía y la empresa Odebrecht, no se rinden, no se dan por vencidos.
Lo que quieren lograr ahora es que la justicia peruana no cumpla con uno de los compromisos incluidos en el acuerdo y por el cual Odebrecht debe recibir 524 millones de soles por la venta de la hidroeléctrica Chaglla. El argumento, otra vez, es que Odebrecht ha mentido y no ha reconocido todos los delitos que ha cometido en el Perú; dicen también que tiene procesos pendientes y que si se le entrega ese dinero se lo llevarán del país y no tendremos de dónde cobrarle luego las reparaciones civiles.
Lo que no nos dicen es que esos 524 millones de soles no deben salir del país, y que con ellos Odebrecht debe honrar las deudas que bordean los 400 millones de soles que tiene con cerca de 600 proveedores por trabajos realizados y no pagados. La mayor parte de esos proveedores son pequeñas empresas que están al borde del colapso y embargadas por la Sunat y los bancos.
Odebrecht debe, además, pagar con ese dinero la primera cuota de la reparación civil de 80 millones de soles, incluido en el acuerdo de colaboración.
A esto se deben sumar los 12 millones y medio de soles que la empresa brasileña debe entregar para completar la reparación civil por el caso de la carretera Chacas-San Luis, en el que Odebrecht se ha declarado culpable y sobre el que ha entregado la información sobre quiénes y cómo cobraron comisiones ilegales.
La Sunat ha requerido, por su parte, pagos adicionales a los que ya recibió de la venta total de Chaglla y que deben salir de esos mismos 524 millones.
A eso hay que sumar lo que Odebrecht tiene obligación de pagar por todos los gastos legales del proceso de colaboración, así como los servicios tecnológicos contratados para la decodificación y traslado al Perú de toda la información contenida en los archivos Drousys y Mywebday.
Pero nada de esto nos lo cuentan quienes quieren forzar una situación en la que los ejecutivos de Odebrecht se nieguen a declarar por el incumplimiento de las autoridades peruanas de los términos del acuerdo de colaboración eficaz. Y por eso estuvo mal que el presidente Martín Vizcarra se sume a ese coro que lo pone en muy mala compañía.
Sobre todo, si tenemos en cuenta que lo que explica la desesperación de algunos es que hoy en Brasil, Barata y Boleira, los que fueran los hombres fuertes de Odebrecht en Perú, van a contarle todo a los representantes del equipo Lava Jato de Perú sobre el Gasoducto Sur y la carretera de San José de Sisa, dos casos sobre los que ya han reconocido el pago de comisiones ilegales. La agenda del interrogatorio incluye, además, nueva información sobre el financiamiento ilegal de las campañas electorales y la confirmación formal de los nombres de las personas que aparecen con seudónimos en los archivos Drousys y Mywebmail como receptores de comisiones ilegales.
Hay un detalle adicional que tal vez resulte significativo. Barata debe dar los nombres de los periodistas y líderes de opinión que recibieron dineros o prebendas para “crear el contexto favorable” para obras como la Interoceánica del Sur o el Gasoducto Sur.
Se viene no una, sino varias bombas.
Hay tres cosas que deben ocurrir esta semana:
1) Que Barata siga contándolo todo,
2) Que la jueza que hizo el control de legalidad del acuerdo de colaboración autorice el pago de 524 millones a Odebrecht en las condiciones establecidas en el mismo acuerdo, y
3) Que los que quieren la impunidad pierdan otra batalla.