11/03/2019 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Un informe independiente del diario New York Times de los Estados Unidos, publicado este fin de semana, ha revelado que la quema de dos camiones en la frontera de Venezuela con Colombia ocurrido el 23 de febrero último y que llevaban ayuda humanitaria, fue obra de opositores al régimen de Nicolás Maduro. El informe desmiente de esta manera la versión hecha circular por el gobierno norteamericano, el Grupo de Lima y el secretario general de la OEA, y dado por cierta y promovida por CNN y la mayor parte de medios de comunicación de Latinoamérica. El New York Times además ha descubierto que en esos camiones no había medicinas como se sostuvo, luego de la simple comprobación de la lista del contenido de los camiones proporcionada por AID.
Esta sola revelación periodística debería obligar a una seria reflexión sobre la manera cómo se ha estado informando sobre la crisis venezolana pero, sobre todo, debe obligar a una inmediata revisión de la política exterior del gobierno del Perú con respecto al tema.
El 23 de febrero estuvimos al borde del inicio de una guerra en nuestro continente, y nadie nos preguntó nuestra opinión sobre lo que la Cancillería estaba haciendo.
Los partidos políticos y los ciudadanos tenemos derecho en nuestra democracia a tener la opinión que nos dé la gana sobre los gobiernos de otros países, y en este caso sobre el de Maduro. Pero el gobierno, la representación del Estado peruano, se rige por otras reglas. Por eso no es aceptable en términos de política exterior que uno de los objetivos principales del gobierno del Perú en los últimos años haya sido el de derrocar al gobierno de Venezuela. Nada nos da derecho a ello.
Sacar a Maduro se ha convertido en prioridad para nuestra Cancillería, que no se ha tomado la molestia de discutir sobre tan delicada postura con los peruanos. Los señores de Torre Tagle están actuando como una oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos, olvidando el detalle de que a quienes representan es a los peruanos y a nuestros intereses.
Hemos renunciado, por decisión de los señores Popolizio y De Zela, a los principios de no intervención en los asuntos internos de otros países y al respeto a la autodeterminación de los pueblos que por décadas hemos defendido. Es más, nos hemos negado a nosotros mismos el papel mediador en una crisis de un país hermano que requiere puentes que hoy podríamos estar tendiendo y no incendiando.
Olvidan nuestros líderes en Cancillería que lo que están haciendo, además, le da derechos a otros a intervenir en nuestros asuntos.
La política exterior norteamericana hacia Venezuela ha sido catastrófica y nosotros hemos sido una vergonzosa comparsa de ella. Con el agravante de que aquí pagamos las consecuencias sociales de esa política con más de 700 mil venezolanos instalados en el Perú a quienes tenemos que albergar, transportar, alimentar, educar, dar servicios de salud y empleo, cuando no estamos en capacidad de resolver nuestros propios problemas.
Venezuela necesita con urgencia una salida pacífica, negociada y democrática a su actual crisis. Ello supone la aceptación por todas las partes de elecciones, seguramente supervisadas por Naciones Unidas, donde todos tengan derecho a participar y de donde salga un gobierno al que todos reconozcan como legítimo.
Un proceso en el que además se debe enfrentar la crisis profunda social que vive ese país y que debería comenzar por levantar el bloqueo económico e iniciar el proceso de retorno de todos aquellos que se fueron y que no tienen reales oportunidades en sus países de destino.
En lograr esos objetivos debería estar abocada nuestra Cancillería.
No le haría mal a quienes están a cargo de nuestra política exterior contestar menos las llamadas que vienen de Washington y leer un poco más a Raúl Porras Barrenechea.