OPINIÓN | Nicolás Lúcar: la batalla de Curitiba

Ahora está más claro que nunca.

Después de conocer solo parte de lo que Jorge Barata le dijo a los fiscales del Equipo Especial para el Caso Lava Jato que encabeza Rafael Vela, se entiende por qué hubo quienes conspiraron para que esto no ocurriera.

Barata ha confesado que financió las campañas de prácticamente todos los candidatos presidenciales con posibilidades de hacerse del poder en el Perú, y ha dicho que lo hacían para comprar sus voluntades, para que favorezcan sus intereses en el caso que lograran ganar las elecciones.

Barata ha dicho que Graña sabía todo y era parte de todo.

Barata ha descrito con detalle la vergonzosa relación con Alejandro Toledo.

Barata ha explicado por qué hablar con Luis Nava era como hablar con Alan García y cómo le pagó a él y a Miguel Atala por decisiones que estaban fuera de su alcance y que eran imposibles de ocurrir sin el concurso del entonces presidente.

Barata ha relatado sus vínculos con Susana Villarán, que le pidió y luego agradeció por darle 3 millones de dólares para su campaña en contra de la revocatoria y ha reconocido que la razón de su apoyo tenía que ver directamente con el contrato de Rutas de Lima, que le entregó un negocio multimillonario por 40 años, perjudicando las arcas municipales y el interés de los ciudadanos.

Barata ha desnudado al 'Club de la Construcción', una organización de criminales de cuello y corbata que corrompieron durante años la obra pública en el Perú.

Barata ha dado la ruta del dinero con el que compraron a Jorge Acurio, entonces presidente regional de Cusco.

Barata ha entregado miles de documentos donde se registran pagos ilegales y de coimas.

Barata ha confirmado cómo funcionaba la red de árbitros que vendían sus votos para resolver a favor de Odebrecht en los litigios con el Estado.

Lo que ha entregado a la Fiscalía, no solo con sus testimonios sino con las pruebas que confirman sus dichos, servirá para meter en la cárcel a decenas de políticos, funcionarios y empresarios corruptos.

Pero su colaboración con la justicia peruana no está terminada.

El compromiso suscrito con la Fiscalía lo obliga a dar todos los testimonios y toda la información que el Ministerio Público le requiera en todas las obras, proyectos y concesiones que están bajo investigación.

Ahora está más claro que nunca.

Toda la campaña por desacreditar el acuerdo y por derribar al Equipo Especial estaba destinada a impedir que supiéramos las verdades que ahora sabemos.

El Perú está en guerra, una guerra entre la corrupción y la decencia, entre la justicia y la impunidad.

La corrupción ha perdido una gran batalla en Curitiba, una batalla decisiva, que marcará un antes y un después, pero no hay que bajar la guardia porque la guerra continúa.