OPINIÓN | Nicolás Lúcar: Las Bambas: corregir el error
Ahora está claro. La decisión de criminalizar la protesta social en Las Bambas partió del gobierno, que estuvo a punto de ceder a la presión de quienes quieren que la crisis en Yavi Yavi se resuelva a sangre y fuego.
Los hechos ocurrieron más o menos así. El abogado Juan Portocarrero Zamora, Procurador Público Especializado en Asuntos de Orden Interno del Ministerio de Interior, presentó ante la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Abancay una denuncia por los delitos contra la paz pública, organización criminal y delito contra el patrimonio en la forma de extorsión en contra de Gregorio Rojas, Rafael Valdivia, Edison Vargas y Noemí Portilla, dirigentes de la comunidad campesina de Fuerabamba y contra sus abogados Jorge y Frank Chávez Sotelo y Carlos Vargas.
El 19 de marzo, inmediatamente después de recibida la denuncia del procurador Portocarrero, la Fiscalía contra el crimen organizado de Abancay solicitó ante la jueza supernumeraria de Cotabambas, Patricia Valenza Olivera, la detención de los nombrados y el allanamiento de 11 inmuebles ubicados en Abancay y uno en Cusco.
La jueza Valenza, con sorprendente diligencia, ordenó los allanamientos, descerrajes y detenciones de inmediato.
Pero se pasó de diligente. En su resolución express, la jueza no se dio cuenta de que había ordenado la detención provisional por 15 días, cuando la ley solo le permite hacerlo por un máximo de 10 días.
Dicho sea de paso, en su resolución la jueza se refiere a Gregorio Rojas y sus compañeros como seudo dirigentes.
El caballazo no acabó ahí.
Pese a que la jueza Valenza había ordenado el allanamiento de 12 inmuebles ubicados en Abancay y Cusco, la policía, con el aval del Ministerio Público, allanó el hotel
Anthony´s, ubicado en Lima, sin tener ningún respaldo legal para hacerlo.
Pero ese era solo el primer capítulo.
Alguien pensó (es un decir) que descabezando el movimiento, lo que venía después sería pan comido: desalojar por la fuerza a los comuneros de Fuerabamba que bloqueaban el paso de los camiones de Las Bambas.
Algo pasó en esas horas críticas, pero fue para bien, porque el plan abortó.
Se impuso la sensatez de quienes dentro del gobierno apuestan por una salida pacífica y dialogada a la crisis.
Por lo menos hasta ahora.
La acusación de extorsión a los dirigentes y abogados y las detenciones no ha hecho más que enturbiar la situación y empeorar las cosas, porque el conflicto amenaza con extenderse y la postura de los comuneros de la región radicalizarse.
El gobierno debe corregir el error. Si fue el procurador Portocarrero el que denunció por expresión a los comuneros y abogados, pues el mismo tendrá que tragarse el sapo y retirar una denuncia que no tiene pies ni cabeza.
Martín Vizcarra, hijo del Moqueguazo, debería entender esto mejor que nadie.