OPINIÓN | Nicolás Lúcar: amnistía para los comuneros
Criminalizar la protesta social ha sido una constante en la vida nacional las últimas décadas.
La gente reclama por lo que sea, sus reclamos no son atendidos, sus representantes viajan a Lima, tocan puertas de ministerios, van al Congreso y -con suerte- algún funcionario de menor jerarquía o un asesor los recibe, los pasea y si tienen mucha suerte hacen una mesa de diálogo donde gente sin ninguna capacidad de decisión real firman papeles llenos de promesas que nunca se van a cumplir. Lo cuento porque lo he visto y vivido. Molestos y maltratados comuneros, trabajadores, pobladores, alcaldes de pueblos olvidados van a radio Exitosa, que es -por lo general- la única que los atiende, con respeto, los escucha, los pone al aire para que lo suyo se sepa.
La historia se repite y se repite hasta que la gente se harta, se pone brava y entonces bloquea carreteras. De pronto los funcionarios del más alto nivel descubren que el Perú existe, pero lo hacen mal, acusan a los protestantes de lo que toque: terroristas antimineros, terroristas a secas y últimamente extorsionadores. La barra brava la ponen los medios de comunicación que pensando en el cheque de la publicidad estatal repiten el sonsonete que corresponda.
De ahí vienen las balas, los muertos, y al final, y casi siempre, terminan por aceptar que los protestantes tenían la razón y que su reclamo era justo. Pero en camino quedó la sangre, y los dirigentes enjuiciados por un sistema de justicia donde hay jueces y fiscales que trabajan para quien pague y hacen lo que ellos indiquen. Sí señor.
Cuando los dirigentes reclaman que cesen los juicios, los ministros se escudan en la independencia de poderes y se declaran impotentes, cuando ellos mismos promovieron y azuzaron la criminalización de la protesta.
Pero ahora los comuneros de Fuerabamba, de Pumamarca, de Huancuire, de todo Cotabambas, otra vez, están dando una lección.
Como lo hicieron cuando cedieron la tierra de sus ancestros para que existiera el proyecto minero Las Bambas, pero resumieron en 17 puntos sus exigencias para que la riqueza que de allí saliera los beneficiara también a ellos y a todo Cotabambas. Ellos honraron su promesa como no hicieron ni la empresa ni el Estado.
Ahora Gregorio Rojas, a nombre de todos, ha exigido que el Congreso de la República otorgue una amnistía a los cientos de comuneros procesados por las protestas sociales en su región. Amnistía que debería incluir a los abogados presos acusados de extorsión para dejar sin defensa a las comunidades mientras la empresa tiene los mejores estudios de abogados de Lima a su servicio y el gobierno un ejército de asesores.
La hora de las definiciones ha llegado.