OPINIÓN | Nicolás Lúcar: La agenda pendiente
Lo que está ocurriendo hoy en el Perú es más que el descalabro de una clase política y empresarial signada por la corrupción y la ineficiencia.
Lo que tenemos al frente es el fin de un ciclo de la vida nacional y el colapso de un proyecto de organización de la sociedad.
El gobierno militar inaugurado por Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968 y que terminó el 28 de julio de 1980, suponía una visión estatista para explotar nuestros recursos, una visión filo socialista de la distribución de la riqueza y una organización antidemocrática del aparato del Estado. El autoritarismo en el que estaba basado suponía la negación de toda forma de democracia política y de libertad de expresión.
Pese a que el proyecto velasquista fue formalmente desmontado por la Asamblea Constituyente de 1979, la realidad es que la instalación del segundo gobierno de Fernando Belaunde y el primero de Alan García no hicieron sino mantener la estructura del Estado y la propiedad y explotación estatal sobre los recursos naturales de la revolución velasquista.
Fue el Movimiento Libertad encabezado por Mario Vargas Llosa el que propuso por primera vez, de una manera articulada, una contrarrevolución neoliberal en el Perú.
El programa fue hecho suyo por el Fredemo, una alianza con AP y el PPC, que asesinó las posibilidades de Libertad de tomar el poder.
Las elecciones las ganó Alberto Fujimori, jurando que no haría lo que proponía Vargas Llosa, pero terminó llevando a la práctica una versión chusca y autoritaria del proyecto de Libertad.
El momento culminante del cambio tras el golpe del 5 de abril, fue la nueva Constitución de 1993 en la que se establecían las nuevas reglas de juego neoliberales que debían regir la sociedad peruana.
El Estado debía salir de toda actividad empresarial, la inversión privada, incluyendo la extranjera, no debería tener ninguna restricción. Los derechos laborales y el respeto al medio ambiente quedaban supeditados al gran proyecto de atraer inversión.
El libre mercado reemplazaba cualquier pretensión de planificación y regulación.
El compromiso era que el Estado, que abandonaba su papel de empresario, debía dedicarse solo a dar seguridad, justicia, educación y salud.
Es esa política económica y social la que se ha llevado a la práctica desde 1983. Lo que han variado son los estilos de aplicarla, pero al final Fujimori, Paniagua, Toledo, García, Humala, PPK y ahora Vizcarra no han sido sino administradores, con estilos y modales diferentes, de lo mismo.
25 años después el proyecto neoliberal se puede evaluar por sus resultados. El país ha crecido en términos macroeconómicos de una manera sostenida, la pobreza se ha reducido aunque de una manera muy inestable, el país se ha integrado a la economía mundial y se ha abierto a la inversión. Pero lo cierto es que la riqueza se ha concentrado de una manera exagerada en muy pocas manos, mientras los servicios básicos para la mayoría de la gente, como la educación, la salud, el transporte, la seguridad y la justicia dan vergüenza y son peores de los que teníamos hace 40 años.
La insatisfacción social es enorme y es el caldo de cultivo perfecto para quienes propugnan posturas ultrarradicales.
A todo esto se ha sumado la ineficiencia y la corrupción de todos los niveles de la administración estatal que han llevado a que la riqueza generada se dilapide.
La agenda nacional hoy comienza por desmontar las redes de corrupción y castigar a quienes nos han robado. Pero lo siguiente es abrir un debate nacional sobre cuál es la mejor manera de explotar nuestros recursos, tras haber aprendido de los extremos del estatismo y del neoliberalismo. Un camino que permita atraer el dinero y la tecnología de los inversionistas, pero que beneficie a la mayoría de los ciudadanos, comenzando por quienes viven en las zonas de donde se extraen esos recursos.
Hay que atrevernos a aceptar que esto no está funcionando y perder el miedo a pensar que las cosas también se pueden hacer de una manera diferente.