OPINIÓN | Martín Belaunde Moreyra: en la ruta del miedo
El actual gobierno Vizcarra - PPK ha demostrado en el tema de Las Bambas las peores características posibles. Primero fue indiferente, luego prometió lo que no pudo realizar después, acto seguido firmó determinados acuerdos que no divulgó ante la opinión pública para finalmente terminar actuando en forma timorata. Como sabemos la operación de Las Bambas no solo implicó inversiones del orden de USD 10,000 millones sino también complejas gestiones para el traslado de los comuneros afectados.
Para ello se debió modificar el estudio de impacto ambiental y cancelar el mineroducto en razón de que ya no era viable llevar el mineral a la operación de Antapaccay, porque con la compra de Las Bambas por MMG las dos minas pasaron a tener dueños distintos. De ahí la necesidad de la carretera que comenzó siendo un camino vecinal para luego adquirir -con sustantivas mejoras- la condición de carretera nacional no asfaltada a pedido de las comunidades campesinas con servidumbre de paso incluida. Entonces algunos alegaron que la solución técnica menos contaminante hubiera sido la construcción de una vía férrea para conectarse con la línea existente del ferrocarril del sur. Quizás técnicamente era la mejor solución pero también la más onerosa en términos de inversión. El hecho es que se optó por la carretera con la aceptación de las comunidades involucradas, particularmente la de Fuerabamba, que en el 2012 fue trasladada de la zona minera a un magnífico complejo habitacional. Los comuneros de Fuerabamba además fueron compensados económicamente por el traslado de sus viviendas y con la compra del fundo de Yavi Yavi.
Sin embargo, desde hace cierto tiempo dichos comuneros asesorados por los hermanos y abogados Chávez Sotelo reclaman por la generación de polvo y por la vibración de los camiones, que según ellos afectan sus actividades. De acuerdo a Alfredo Torres la polvareda venía produciéndose en el fundo Yavi Yavi a 123 kilómetros de Nueva Fuerabamba y es ahí donde actualmente tenemos el bloqueo. La protesta no tendría sentido porque el polvo y la vibración no les llega. Pero ahora ha trascendido que el verdadero propósito del conflicto es el cobro de un peaje por el tránsito de los camiones, lo cual implica una extorsión. El Ministerio Público detuvo al presidente de la comunidad quien acaba de ser liberado. Además detuvo a los hermanos Chávez Sotelo y los comuneros también están pidiendo su liberación. ¿Accederá el MP por presión del gobierno? Esperemos que no. Nadie quiere la violencia pero se debe actuar con más firmeza, a pesar de la generalización de la protesta en la región del sur.