OPINIÓN | Martín Belaunde Moreyra: ¿Qué prioridades tiene el gobierno?

La obvia respuesta sin duda es la reforma política y quizás en menor grado la reforma judicial. La primera viene saliendo de a pocos en el Congreso y no del agrado del presidente Vizcarra, según sus declaraciones. Pero ¿qué puede hacer al respecto? No mucho salvo que quiera seguir el ejemplo de Fujimori y disolver el Congreso con algún espurio pretexto. Se sabe que el jefe de Estado tiene un asesor político argentino, quien aparentemente le habría señalado un camino de colusión con el Congreso para ganar popularidad en las encuestas. Sin embargo, esa ruta ya agotó sus posibilidades.

Su asesor jurídico nato debería ser el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, o quizás el mismo presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. ¿Cuál de los dos le sopló al oído la posibilidad de disolver el Congreso por supuestamente haber incumplido la cuestión de confianza otorgada al PCM? Ambos son abogados de manera que deben tener un mínimo conocimiento de la Constitución, de ahí que resulte sorprendente el rumor de que la disolución era posible al considerarse que el Congreso no había respetado la “esencia” de los proyectos presentados por el gobierno. Semejante interpretación constitucional implicaría que el Poder Legislativo es una mesa de partes del Ejecutivo debiendo hacer lo que este le ordena y si no, debería ser disuelto por violar retroactivamente la cuestión de confianza. Las consecuencias de semejante decisión sería lanzarnos al camino de la dictadura, con gravísima responsabilidad política y jurídica del presidente de la República y del Consejo de Ministros que lo apoye en ese despropósito.

Si descartamos dicha posibilidad por inviable política y jurídicamente, ¿qué debería hacer el gobierno? Pues bien muchísimas cosas, entre ellas continuar su campaña de erradicación del narcoterrorismo en el VRAEM. Aparte de esa obvia prioridad por razones de seguridad interna, existen otros temas que deben ser urgentemente atendidos por el gobierno. Comencemos por el continuo sabotaje al Oleoducto Nor Peruano. El Perú se ha embarcado en la modernización de la refinería de Talara cuyo costo excede los USD 5,500 millones y que requiere del suministro de petróleo pesado proveniente de la selva. Si ese petróleo no está disponible por la paralización del oleoducto, ¿para qué realizamos esa costosísima inversión que lleva implícita la garantía financiera del Estado? El gobierno no puede dejar la solución de ese tema en manos de Petroperú. Tiene que formular un plan de emergencia para impedir futuros sabotajes y eso puede significar el despliegue de efectivos armados a lo largo de su trayecto. No hacerlo sería irresponsable.