OPINIÓN | Martín Belaunde Moreyra: Partidos políticos, ¿organizaciones criminales?
El fiscal que ha acusado a la expareja presidencial, Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón, por diversos delitos de corrupción, también ha pedido que el Partido Nacionalista sea disuelto. Ese aspecto ha sorprendido porque va más allá de una acusación contra los presuntos responsables y considera que la agrupación política que los llevó al poder merece la máxima sanción de una persona jurídica, en otras palabras su extinción. ¿Nuestro ordenamiento jurídico permite semejante sanción? La responsabilidad penal es individual y solo se aplica a quienes están personalmente involucrados en el hecho delictivo materia de la acusación. No se extiende a terceros salvo que se demuestre su vinculación delictiva. Veamos
El primer párrafo del artículo 35 de la Constitución señala que “los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica.”
Perfecto, un partido político debidamente inscrito es una persona jurídica distinta de sus integrantes y se conduce a través de sus cuadros directivos. El segundo párrafo de dicho artículo ordena que “la ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos y la transparencia en cuanto a sus recursos económicos...” En tal virtud los partidos políticos deben manejarse financieramente de manera escrupulosa para recaudar dinero de fuentes legítimas y dentro del marco de la ley, sin desviarlo a fines personales, como sería del caso de Ollanta/Nadine.
Pero no queda claro en el supuesto de un financiamiento delictivo, ¿quién es o mejor dicho, quiénes son las personas responsables por su percepción y utilización? ¿El presidente del partido, el secretario de economía, los candidatos al Congreso, algún personaje todopoderoso y finalmente el candidato presidencial? Es un tema que evidentemente debe investigarse para determinar el canal o la ruta del dinero en todo su recorrido. En el caso de la pareja Ollanta/Nadine el dinero ilícito provendría de diversas fuentes ilícitas, la mayoría fuera del país. Me pregunto, ¿quiénes lo recibieron y cómo pretendieron darle una apariencia legal, en otras palabras, ¿quiénes lo habrían blanqueado o lavado? Al final la investigación se reduce a eso. Nuevamente, me pregunto ¿si la responsabilidad penal es individual, por qué se involucra al Partido Nacionalista como organización política? Esto es algo que debe probarse incontrovertiblemente señalando a quienes disfrazaron el dinero, antes de disolverlo mediante una sentencia penal condenatoria.