OPINIÓN | Mario Amoretti: "Respetemos principios: para la elección en la Junta Nacional de Justicia"

Es increíble lo que viene sucediendo en nuestro país, que el nombramiento de las más altas autoridades esté supeditado a que este se contactó o no con César Hinostroza u otro de los integrantes de los llamados 'Cuellos blancos', a todo ello cabe preguntarse ¿es delito haberse comunicado con dicha persona cuando era juez supremo? Indudablemente, que no, salvo que se demuestre de la referida comunicación, hubo un acuerdo para la comisión de un acto delictivo; sin embargo, en los últimos meses todas las noticias o titulares de los medios de comunicación es si una persona designada o elegida ha conversado con César Hinostroza, para que su elección no sea válida; y lo que es más grave, involucrar en estas “llamadas telefónicas” al defensor del Pueblo el Dr. Walter Gutiérrez, esto es inadmisible, desde el punto de vista jurídico y ético.

El reconocido jurista, magistrado, constitucionalista Dr. Manuel Vicente Villarán, sostuvo: HAY QUE PONER LAS VALLAS MÁS SÓLIDAS PARA IMPEDIR A LA POLÍTICA ENTRAR EN EL PODER JUDICIAL Y PROHIBIR AL PODER JUDICIAL ENTRAR EN POLÍTICA”. Estas palabras cobran actualidad en los últimos, al recurrir a estas comunicaciones, después de una elección o nombramiento, es necesario que defendamos. Hace muchos meses que se tiene conocimiento de la existencia de intervenciones telefónicas, en las que existirían indicios de actos delictivos, la pregunta es ¿por qué no se dan a conocer estas comunicaciones? ¿Cuál es la razón por la que no se investigan estas informaciones, si las diligencias a nivel de fiscalía son reservadas?

Nuestra historia republicana nos demuestra que siempre han existido actos de corrupción; a raíz de denuncias que se hicieron, después de la caída del gobierno de Fujimori, contra quienes administraron dinero por diversos motivos e inclusive entregas de dinero por actos de corrupción a altos funcionarios. Desaparecieron audios, videos, luego que fueran solicitados por el Congreso y nadie dice nada. Escuchamos, de parte de altos funcionarios, estamos combatiendo la corrupción, pero los hechos demuestran lo contrario, al parecer se cumple, lo que conocemos: “allá va el corrupto” y no se hace nada con lo sucedido anteriormente ni mucho menos con lo que sucede en la actualidad y, sobre todo, de parte de quienes se dicen representar la moral pública.

Hace más de un año que se desactivó el Consejo Nacional de la Magistratura, dejando de lado en la nueva conformación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, a los abogados quienes conocemos la realidad en la administración de justicia; sin embargo, para justificar la no inclusión, fuimos agraviados; y lo más grave es que el Ilustre Colegio de Abogado de Lima y la Junta de Decanos de Abogados del Perú no se pronunciaron al respecto, no debemos permitir que se politice la justicia. Igualmente, cuando algunos abogados se allanaron sus estudios, domicilio e incautaciones de documentos, se respetó el debido proceso e inclusive se dictaron prisiones preventivas, sin tener en cuenta los presupuestos señalados por el Plenario de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.