OPINIÓN | Mario Amoretti: "¿Qué esperamos los peruanos de nuestras autoridades en el 2020?"

De parte de los fiscales, esperamos el respeto al principio constitucional de legalidad y que los jueces ejerzan la garantía de observar el debido proceso. Es el caso, que este año se han producido aproximadamente más de 10,000 internos en el país al haberse dictado prisión preventiva; y lo más grave, la existencia de casi más del 40% sin sentencia en primera instancia, es decir, detenidos preventivamente, de un total de cerca de 96,000 internos. Cuando sostenemos que se respete el principio de legalidad, debido a que en estos últimos meses se ha incrementado el pedido de esta medida restrictiva, imputándole al investigado el delito de ser autor de una organización criminal, única y exclusivamente para pretender agravar la situación jurídica, a fin de que por la pena que merece este delito “conseguir la privación de libertad hasta por el lapso de 36 meses”.

El juez, en algunos casos, por tener la condición de ser juez de garantía, no cumple con sus funciones, porque como tales, está obligado a verificar si concurren los elementos o requisitos para la configuración del delito denunciado, se basa en la gravedad de la pena, para dictar prisión preventiva, sin tener en cuenta la concurrencia de los presupuestos para decretarla, como la grave sospecha de su comisión y la vinculación del presunto autor; asimismo, la de verificar que el imputado pueda fugarse, sin considerar que tiene propiedades o domicilio conocido-posesión-, tener una familia constituida -hijos que cursan estudios-, un trabajo. Tampoco toman en cuenta la carencia de pruebas o indicios de manera objetiva, que el imputado haya obstaculizado la obtención de pruebas, mediante ocultamiento, amenazas a testigos, perito u otros imputados.

La inseguridad ciudadana que nos aqueja de manera cotidiana, lejos de disminuir se incrementa día a día, los ciudadanos no tenemos ninguna seguridad en las calles, pues podemos ser víctimas de homicidios, robos agravados. Pero, lo más grave, es el aumento de usurpaciones en las que se encuentran involucrados autoridades municipales, fiscales, policías; recurriendo en la mayoría de los casos a falsificaciones de firmas o documentos con la finalidad de apoderarse de inmuebles, con la participación de malas autoridades, llegándose al extremo de que fiscales y jueces, pese a conocer la perpetración de estos delitos e inclusive los reconocen en sus resoluciones; sin embargo, no vacilan en “darle la razón” al último adquiriente, bajo el pretexto de ser un tercero que ha actuado de buena fe, pese a que su adquisición se verificó pagando un ínfimo precio sobre el valor del inmueble y allí no toman en cuenta que estamos frente a una organización criminal. Alguna vez los órganos de control del Poder Judicial o Ministerio Público, investigarán y sancionarán a los malos jueces y fiscales; por qué no se hacen visitas inopinadas a las fiscalías y juzgados, a fin de que se conozcan las graves irregularidades que se cometen.