OPINIÓN | Mario Amoretti Pachas: Seguridad jurídica: Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional
Es lamentable lo que ha sucedido en los últimos días, respecto a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, pero más preocupante está en que los “nuevos congresistas” van a elegir a los nuevos integrantes, sobre todo ¿quién nos garantiza de que no exista “repartija”?, más aun cuando no sabemos quiénes serán los elegidos como representantes al Congreso, bien podríamos decir, “Dios nos coja confesados”, porque la verdad, con lo sucedido esperamos cualquier cosa en lo referente a la elección que debe producirse el 26 de enero del año en curso.
La moralidad del magistrado debe ser una garantía muy sólida para toda la ciudadanía, al momento de resolver un caso judicial, otorgándole la razón y el derecho a quien le corresponde. La honestidad del juez y la transparencia judicial deben estar reflejadas en las resoluciones que dicten a fin de proporcionar seguridad jurídica, que es de vital importancia en el desarrollo del país, sobre todo, cuando se trata de la defensa de los derechos fundamentales, porque al no otorgarle la protección que se requiere pierde sentido y validez cualquier tipo de reforma judicial que se emprenda, más aun cuando las normas constitucionales que protegen los derechos humanos referidos a la libertad personal en muchas oportunidades son sistemáticamente ignorados por los jueces, ya sea por falta de conocimiento o de coraje omiten su aplicación.
La administración de justicia en lugar de mejorar ha sido todo lo contrario, justamente porque hay interés de determinadas personas o grupos de poder para que esta situación continúe en el estado en que se encuentra, es decir, no les conviene en modo alguno que se produzcan cambios para seguir usufructuando los beneficios que obtiene, razón por la cual, como sostenemos, cualquier reforma que se pretenda llevar a cabo debe estar a cargo de los técnicos y no de los políticos, porque en verdad a algunos no les interesa que dicho poder del Estado mejore, a fin de seguir manejándolo políticamente como dependiente del sistema imperante y de los grupos de poder.
Existe un evidente interés de determinados grupos políticos, económicos, sociales, etc., que el estado de crisis crónica en el que se encuentra la administración de justicia permanezca en la misma situación, porque es la única forma como pueden seguir usufructuando u obteniendo beneficios, motivo por el cual realizan las acciones necesarias para que no se lleve a cabo reforma judicial alguna, como ha sucedido en toda la época republicana; y la mejor forma de conseguir su objetivo es no proporcionándole los medios económicos a fin de que puedan tener la autonomía e independencia jurisdiccional que requiere este poder del Estado en beneficio del Perú.