OPINIÓN | Mario Amoretti Pachas: ¿Qué hacer ante incremento de delincuencia en nuestro país?
El país entero reclama el cese de la delincuencia de cuello blanco, de los robos agravados, feminicidios, toma de vías de comunicación, atentados contra locales públicos y privados, ataques a las fuerzas del orden -bajo el pretexto de reclamos sociales- violaciones sexuales en agravio de menores y mayores de edad, asesinatos -bajo la modalidad de sicariato, hurtos agravados en el interior de domicilios, hurtos agravados- utilizando menores de edad, usurpaciones -mediante la modalidad de estafas, falsificaciones de firmas de verdaderos propietarios y la venta a terceras personas, bajo el pretexto que son compradores de buena fe-, etc.
La impunidad se incrementa en muchos casos -en nuestro país- propiciado por malas autoridades, policías, fiscales y jueces. Se producen hechos delictivos que revisten gravedad, los delincuentes -muchas veces con antecedentes- son puestos a disposición de la Fiscalía al haber sido detenidos en flagrante delito y son puestos en libertad, sin mayor justificación o lo que es más grave en los casos evidentes de violencia familiar, aduciendo que el resultado del examen médico legal arroja lesiones leves, pese a la gravedad de la agresión, mediante el uso de armas; robos, hurtos agravados, porque el monto de lo sustraído es mínimo o la agraviada víctima de una agresión sexual, pese a las pruebas adjuntadas, son puestos en libertad.
Hay casos evidentes o indicios razonables, en la administración de justicia, en los que se demuestra que el fiscal o juez incurre en el delito de prevaricato, previsto en el artículo 418 del CP. “El juez o el fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrario al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años”.
La mala actuación de algunos fiscales y jueces, respecto a los delitos antes mencionados, pero, lo más lamentable es la actuación de estas autoridades ante situaciones ejecutadas por delincuentes para apoderarse de inmuebles de personas ancianas, inclusive los autores son condenados por los delitos de falsificación de documentos, estafa, usurpación; sin embargo, a los terceros que adquieren estos inmuebles, supuestamente, de buena fe, pese a la enorme diferencia de precios, no les pasa nada, ante la evidencia de claros indicios de la existencia de una asociación criminal, ordenan el desalojo del verdadero propietario. BASTA YA DE IMPUNIDAD; Y EL CONGRESO LE DÉ FACULTADES PROVISIONALMENTE A LOS ÓRGANOS DE CONTROL, HASTA CUANDO DIOS QUIERA QUE SE NOMBRE A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA.