14/03/2019 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Es necesario y de vital importancia que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia sean personas de solvencia moral, imperando la meritocracia, muy venida a menos en los últimos años, sobre todo, con los casos que hemos conocido, lamentablemente, motivo por el cual se debe elegir a los más capacitados, con la esperanza que no se presente lo sucedido anteriormente, tanto en lo que concierne al Gobierno y Congreso de turno que siempre han tratado de una u otra manera de manejar el sistema de justicia.
El principal problema por el cual atraviesa el sistema de justicia -judicial y Fiscalía-, tal como lo han dado a conocer públicamente la fiscal de la Nación y la fiscal de crimen organizado, es el ECONÓMICO, al respeto, ellas han sido claras y precisas al manifestar que cualquier reforma que se pretenda llevar adelante, si no le asignan el presupuesto que necesitan para ejercer sus funciones, VA A FRACASAR, porque lo real y concreto, como lo hemos manifestado en más de una oportunidad, es que las condiciones como se administra justicia son deplorables.
Se pretende sostener que la Junta Nacional de Justicia es una entidad autónoma, independiente y moderna, a fin de que cumpla con funciones, a través de procedimientos transparentes. Pero, es el caso que se permite que postulen miembros que pertenezcan a un partido político -pero con licencia temporal-, este el principal problema que siempre ha tenido la administración de justicia, la injerencia política, y como decía Manuel Villarán: “No hay que permitir que la política ingrese en el Poder Judicial y que este poder del Estado no se politice, que no nos engañen con un retiro o licencia temporal en su partido político.
La única forma como podemos tener un Poder Judicial independiente y una Fiscalía autónoma, es justamente cuando se les otorgue el presupuesto que requieran; y para tener buenos jueces y fiscales, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia deben conocer la realidad de cómo se administra justicia, además de su neutralidad en la elección y nombramientos de jueces y fiscales, que deben estar libres de todo tipo de influencias, para juzgar en conciencia y en estricta aplicación de la ley, porque sus funciones están comprometidas con la democracia, al administrar justicia con equidad, por lo que tiene que conocer el tema o problema que debe resolver, basado en lo adquirido en su formación ética y profesional.