18/07/2019 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
En la selva, en la sierra y costa nos dan a conocer paralizaciones y tomas de carreteras e inmuebles en los que intervienen autoridades, funcionarios, políticos, quienes recién se acuerdan de los problemas que aquejan a sus votantes. Sin embargo, en estos últimos años se ha perdido el principio de autoridad, pues el entorpecimiento a los servicios públicos -transportes, telecomunicaciones, electricidad, de saneamiento, gas, etc.- se encuentra reprimido con pena de 4 a 6 años; y cuando se atenta contra la integridad física de las personas o se actúe con violencia, la pena privativa de libertad es de 6 a 8 años.
El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de confianza, contraviene el artículo 42 de la Constitución, si participa en una huelga con el objeto de obtener beneficio para sí o para tercero cualquier beneficio o ventaja económica indebida u OTRA VENTAJA DE CUALQUIER ÍNDOLE, será sancionado con inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. A los alcaldes, presidentes de región y otros funcionarios o políticos que se apersonan a los lugares donde se llevan a cabo estos actos violentos, no les pasa nada.
Es necesario que se tenga en cuenta que los derechos de los que reclaman puede ser muy justo, pero terminan donde comienzan los derechos de otras personas, tales como las de libre tránsito, pues resulta inconcebible que no dejen que vehículos que transportan enfermos -como ambulancias, niños, ancianos y en el algunos casos se ve impedido de llegar a su destino, como enfermos que se encuentran graves de salud, incurriéndose en delitos- exposición a peligro, libertad de tránsito, etc. y la policía y fiscales. Pese a que están en delito flagrante no toman medida alguna y esto sucede desde hace muchos años, por lo que es necesario que se ponga fin a esta situación.
Somos espectadores de cómo se sustraen bienes, dinero en forma violenta, inclusive las mujeres que son víctimas de sustracción de celulares, son arrastradas en las pistas, incurriendo en el delito de robo agravado, y si participan más de dos personas, la pena es no menor de 12 ni mayor de 20 años y si son varios robos o hurtos agravados, las penas se suman. La interrogante es, ¿por qué salen en libertad? Lo conveniente sería que cada órgano de control verifique investigaciones y se sancione a los responsables que han otorgado libertad, violando los derechos fundamentales de las víctimas.
