22/08/2019 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Ha transcurrido más de un año de la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura. Entidad que tuvo su nacimiento para buscar nuevas fórmulas, con la finalidad de quitar o sustraer a la clase política del monopolio de la designación de jueces y fiscales, para garantizar la independencia del Poder Judicial y autonomía del Ministerio Público; así como también terminar con la provisionalidad y suplencia, que es una consecuencia de gobiernos anteriores en la administración de justicia, que nos trajo una serie de sinsabores, incertidumbres y frustraciones en los protagonistas que tienen que recurrir al órgano jurisdiccional en búsqueda de justicia.
Es necesario que la comunidad permanezca atenta a cualquier medida que provenga de los otros poderes del Estado, porque tratarán en lo posible de que sus representantes integren dicho organismo para intervenir en los nombramientos o permanencia de jueces y fiscales que le son afines políticamente o para que puedan acceder a las pretensiones de los integrantes que han intervenido en su ingreso o permanencia en la carrera judicial o del Ministerio Público, máxime si se ha verificado cambios en la conformación de sus integrantes, dejando de lado a los Colegios de Abogados y Profesionales.
Las modificaciones que se pretendan ejecutar, debe ser con la finalidad de que estén integrados por juristas de reconocida trayectoria democrática, previa variación en los procedimientos en la designación de sus miembros; así como en lo referente a: 1) Sus atribuciones. 2) Que las resoluciones que dicten sean motivadas. 3) Respeto al debido proceso y defensa. 4) Que el fiscal y juez tengan conocimiento de los cargos imputados y las razones de su destitución o no ratificación. 5) Evaluación periódica de los magistrados y fiscales en todos los niveles. 6) Mejorar los procedimientos disciplinarios para la suspensión y destitución. 7) Evaluación intelectual, psicotécnica, psicológica y ética, etc.
El reconocido procesalista, José Cafferata Nores, al referirse al ente encargado de la designación de jueces y fiscales, sostiene: “(...) Pero hay que cuidar que, en el loable afán por evitar una excesiva injerencia del poder político, no se exageren los componentes corporativos en el sistema de designación de magistrados. La selección por idoneidad y la igualdad de oportunidades, debe ser criterios rectores en la designación de los jueces, pero eso no significa que se le otorgue la responsabilidad del examen de la idoneidad y el resguardo de la igualdad de oportunidades exclusivamente a un grupo de personas reunidas por interés profesional común de reparar y garantizar la necesaria participación que, en forma mediata o inmediata, debe reconocérsele al pueblo, como titular de la soberanía, en la conformación de un poder del Estado. (...)”.