OPINIÓN | Mario Amoretti Pachas: Algunos funcionarios y servidores públicos siguen delinquiendo
Las noticias que recibimos de los medios de comunicación día a día, son muy inquietantes, respecto a que algunos congresistas son denunciados por recortes de sueldos a trabajadores; allí tenemos que es autor de un delito común y, por lo tanto, al no configurar un delito de función y por el hecho de que sea congresista, de ninguna manera le corresponde un antejuicio, sino un desafuero, es decir, el Congreso de la República debe quitarle la inmunidad parlamentaria, a fin de que sea investigado, juzgado y sentenciado como cualquier persona.
Es el caso que algunos pretenden sostener que debido a que se están conociendo nuevos hechos delictivos que han cometido Odebrecht y Barata, el acuerdo que se ha firmado con la empresa constructora debe anularse, para EXIGIR UN MAYOR PAGO DE REPARACIÓN CIVIL. Pero, es el caso que en el acuerdo celebrado se pactó que si en el curso de las investigaciones se conocieran nuevos delitos, se ampliarían las condiciones pactadas en el acuerdo, a fin de que se comprometan a incrementar el monto de pago de la reparación civil.
Es lamentable y preocupante la ilegal libertad del sicario Rubén Moreno Oliva, alias 'Goro', condenado a 25 años de pena privativa de libertad, motivo por el cual se requiere una amplia investigación a nivel judicial y del INPE, a fin de establecer la responsabilidad penal de este peligroso delincuente, quien es un peligro para la vida de los integrantes de la familia Nolasco; este hecho no puede ni debe quedar impune y, sobre todo, tratándose de un delincuente de alta peligrosidad porque se permitió que se excediera en el plazo de prisión preventiva y se le decretara detención domiciliaria.
¿Qué medidas deben tomar las autoridades para evitar el incremento de feminicidios? Tenemos una ley que sanciona la violencia familiar, pero también se faculta para que se tomen medidas de protección a favor de las víctimas, pero, lamentablemente, no se cuenta con personal policial para que cumpla su deber de custodiar y resguardar a las víctimas. Considero que ante una denuncia por estas agresiones, se dicte una medida de privación de libertad, máxime cuando se trata de actos reiterativos. Además, que la policía, fiscalía y jueces actúen aplicando la ley, cuando se le concede una serie de facultades para evitar estas agresiones a mujeres. Si omiten el cumplimiento de sus funciones o cuando disponen la libertad de un agresor, que sean investigados y sancionados, pese a la evidencia de las lesiones que han ocasionado.